Sin embargo, Camisón criticó el afán privatizador del Gobierno socialista: "No tiene sentido que se lance ahora a las privatizaciones, forzado por la situación de crisis, y no como una auténtica mejora económica".

El portavoz popular aseguró en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que Correos cometió "malversación de fondos públicos" cuand en 1991 desvió unos 2.400 millones de pesetas de los giros postales para pagar nóminas, pero desestimó la vía judicial antes de concluir con la política.

"El Gobierno ha querido engañar al Parlamento, porque ha presentado cifras de retraso de las correspondencia que no se corresponden con la realidad", dijo tras explicar que el Libro Verde del Correo en Europa, realizado por la CE, recoge que sólo el 38 por ciento de las cartas en España llegan en dos días, según estudios de "empresas independientes"

Esta cifra contrasta con el denominado "Estudio de Calidad" realizado para el Gobierno español por Arthur Andersen, que sobre una muestra de 15.000 envíos corrobora que el 75 por ciento de las cartas simples llegan en el plazo de dos días.

Por su parte, Rómulo Silva, secretario general de la Federación de Correos de CCOO, contestó a estas imputaciones y dijo que la transferencia de fondos de los giros para pagar nóminas en 1991 fue "perfectamente legal, ya que entonces Correos era una dirección eneral y no un organismo autónomo como ahora".

Silva, en declaraciones a Servimedia, expresó también su "sorpresa" ante la posible privatización de Correos, ya que a su juicio se está trabajando para reducir el déficit y mejorar la gestión.

Asimismo, se mostró "radicalmente en contra" de cualquier privatización, incluso parcial, "porque esto contribuiría aún más a tener ciudadanos de primera o de segunda".