Los eurodiputados populares Borja Giménez y Elena Nevado mantuvieron una ronda de encuentros con el sector para conocer de primera mano cómo están viviendo las nuevas obligaciones que les impone el real decreto 933/2021 desde el pasado 2 de diciembre. El objetivo es “explorar formas de detener esta norma inaudita en el ámbito europeo”.

“El sector no entiende a qué viene el empecinamiento del Gobierno para crear este macroregistro –a costa de las empresas– si la colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado siempre ha sido perfecta y nunca se ha necesitado ir más allá. Ni es una decisión europea, ni tan siquiera cuenta con ejemplos similares en ningún país de Europa. Es otro disparate de gestión del Gobierno, que es además peligroso para la competitividad de España frente a otros mercados turísticos”, señaló Giménez Larraz en unas declaraciones recogidas por su partido.

El PP considera que esta medida tiene un efecto económico negativo y puede incluso vulnerar la legislación europea sobre protección de datos, que es especialmente exigente en los aspectos de seguridad. Este aspecto fue denunciado precisamente por la portavoz del PP, Dolors Montserrat, y la eurodiputada Rosa Estarás a finales de octubre ante la Comisión Europea, que debe verificar que cumple correctamente la normativa europea de protección de datos por la que se garantiza la seguridad y la confidencialidad de las informaciones personales.

ENCUENTROS

Con respecto a los encuentros de este lunes, el PP informó de que el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Gabriel García Alonso, destacó que están preparando un pliego de alegaciones, que deben presentarse antes del 13 de este mes, en el que argumentarán que es un “disparate” y aparentemente “contrario a derecho” que se obligue a las entidades privadas pasar de la recolección de unos 12 datos a 42, asumiendo además la responsabilidad de estos datos.

Por su parte, el secretario general de la Mesa del Turismo de España, Carlos Abella, puso de relieve que el decreto es actualmente de “imposible cumplimiento” para el sector, principalmente, porque las empresas no tienen la capacidad de verificar la exactitud de los datos, ni de conservarlos durante tres años de manera segura, según el PP.

La ronda de contactos, que continuará mañana, incluye al presidente de la Asociación Nacional de Balnearios (Anbal), Miguel Mirones, y al secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella.