La formación que lidera Mariano Rajoy sólo deja, tal y como los aprobó, dos de los artículos aprobados por el Parlamento de Cataluña, que son el 72 y el 88. El primero regula los órganos consultivos del Gobierno catalán, que son la Comisión Jurídica Asesora y el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.

El segundo se refiere al principio de diferenciación de los ayuntamientos y dice: "Las leyes que afectan al régimen jurídico, orgánico, funcional, competencial y financiero de los municipios deben tener en cuenta necesariamente las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión que tienen".

El resto son modificados (117) o eliminados (108) para conservar la redacción del estatuto de autonomía que resultó aprobado en 1979 y que todavía permanece vigente. Los apartados más importantes de la propuesta de estatuto, como los que establecen un Poder Judicial o un sistema de financiación propio, desaparecerían con las enmiendas de los populares.

El PP altera incluso las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales de la propuesta de estatuto, ya que plantea la supresión de 19 de ellas y la modificación de otras cuatro.

UNA REFORMA CONSTITUCIONAL ENCUBIERTA

Para empezar, el PP propone cambiar la nomenclatura de la reforma estatutaria para dejar claro que se trata de una modificación del aprobado en 1979 y, en esa línea, apuesta por suprimir el preámbulo consensuado por el tripartito y mantener el del texto vigente.

El partido que lidera Rajoy entiende que la reforma estatutaria supone, en realidad, la "apertura de un proceso constituyente encubierto" en el que se presenta a Cataluña "como una entidad soberana investida de la práctica totalidad de los órganos y poderes de un naciente ente estatal".

El PP advierte de que la reforma persigue un cambio del modelo territorial cuyo primer paso sería reconocer a Cataluña como una nación y a España como un "estado plurinacional". Además, considera "sorprendente" que los partidos catalanes hablen ahora de esta comunidad como una nación constituida "en el curso del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones" cuando en 1979, "hace escasamente una generación", se aprobó el vigente estatuto y se definió a Cataluña como una nacionalidad y no como una nación.

Por todo ello, una de las principales enmiendas del PP va encaminada a suprimir por completo el Título Preliminar de la propuesta de reforma, en la que se define a Cataluña como una nación, se reconocen los derechos históricos de esta comunidad, se define el catalán como lengua propia y se admiten las particularidades del Valle de Arán dentro de la nación catalana, entre otras cosas.

El PP plantea también la necesidad de suprimir por completo el Título I, correspondiente a los derechos y deberes de los ciudadanos catalanes, y que incluye algunos artículos polémicos como el derecho de las mujeres a desarrollar la personalidad (artículo 19.1), el derecho a contemplar el paisaje (27.1), el uso de la lengua catalana y su fomento (33 y 50), así como el deber de la Generalitat de velar por la memoria histórica (54). En opinión de los populares, el Título I "es inconstitucional en su integridad" por vulnerar los artículos 81.1, 149.1.1 y 139.1 de la Constitución Española.

Asimismo, propone suprimir el artículo 82, que regula el Consejo Audiovisual de Cataluña al entender que "no es necesaria" su inclusión en el estatuto y que los derechos que afectan a la libertad de expresión "no pueden tener más límites" que los que establece el artículo 20 de la Constitución.

El título III del nuevo estatuto, que regula el Poder Judicial en Cataluña, desaparecería por completo si fuera por el PP. Considera que la cesión de plenas competencias al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vaciaría de funciones el Tribunal Supremo.

Además, asegura que este apartado del estatuto posee "vicios fundamentales de inconstitucionalidad" tanto por la creación de un Poder Judicial propio para esta comunidad como por la constitución de otras figuras como el fiscal superior.

Finalmente, el PP propone suprimir por completo el título en el que se establece un nuevo sistema de financiación para Cataluña al entender que "no es posible aprobar un estatuto que hace quebrar los principios de igualdad en todos los ciudadanos en la contribución a los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad".

En su favor, argumenta que la propuesta catalana supone una "modificación" del modelo de financiación actualmente establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) e incluso "vulnera frontalmente" algunos de los principios que en ella se establecen.

El PP quiere eliminar también los apartados que hacen referencia al método que habría que seguir en un futuro para modificar el estatuto, el reconocimiento de los derechos históricos y el nuevo sistema de designación de senadores, entre otras.

MODIFICACION PARCIAL DE ARTICULOS

Las competencias es otro de los títulos en los que el PP introduce más modificaciones, puesto que suprime muchas de las funciones que el proyecto de estatuto concede a la Generalitat. Uno de ellos sería la capacidad para regular a las cajas de ahorros, en el que los populares critican la actitud intervencionista del tripartito y CiU.

También altera la redacción del título referido a las relaciones entre la Generalitat y el Estado para suprimir la capacidad de influir en el nombramiento de jueces y magistrados, así como la participación del Gobierno autonómico en asuntos económicos y sociales.

El PP elimina la creación de una comisión bilateral en la que Generalitat y Gobierno negociarían "de tú a tú" asuntos polémicos y corta de raíz la posibilidad de que la comunidad tenga una participación en las instituciones europeas a través del Estado.

Además, dentro de las enmiendas de modificación, las que vienen a corregir pequeños aspectos del articulado estatutario, el PP quiere eliminar la definión que se hace del Parlamento de Cataluña como "la sede donde se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político".

Asimismo, en el artículo 56, sobre el régimen electoral, propone suponer los criterios de paridad a la hora de conformar las listas electorales, a lo que el PP ya se ha opuesto anteriormente en otras comunidades autónomas.

En el artículo 57, plantea eliminar que los diputados necesiten la autorización del Parlamento de Cataluña para ser inculpados o procesados. Otra de las enmiendas del PP, la referente al artículo 61, abre la puerta a que el Parlamento de Cataluña pueda plantear a las Cortes Generales una reforma de la Constitución.