Los populares han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el equipo de gobierno, por la denegación de un pleno en el que solicitaban la rescisión del convenio con la empresa Tres Cantos S.A, por incumplimiento en la ejecución de los servicios y edificios públicos, que debían estar terminados en el 1991.

Asimismo, han preentado otra denuncia por malversación de fondos públicos contra la comisión de gobierno, que aprobó sin pasar por pleno, como marca la Ley de Régimen Local, los precios públicos para escuelas deportivas y para la escuela de música, que en la actualidad cuenta con unos 200 alumnos, con un precio de matrícula que oscila entre 2.000 y 3.000 pesetas.

Por otra parte, el grupo opositor ha notificado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que consideran una supuesta irregularidad en el nombramiento de juez de paz, militante socialista que pidió la baja en el PSOE 48 horas antes de su nombramiento.

El nombramiento debe ser ratificado por mayoría absoluta en el pleno, según marca la ley, y en esta ocasión se hizo con un empate y con el voto de calidad del alcalde.

Un requisito indispensable para nombrar al juez de paz es que la persona elegida no milite en ningún partido político.

Los populares han denunciado también la situación en la que se encuentran las infraestructuras municipales. A u juicio, el ayuntamiento no tiene patrimonio porque este sigue en manos de la sociedad Tres Cantos, y la casa consistorial está ubicada en casetas de obras, sin archivos y con todos los expedientes y documentos en el suelo apilados contra las paredes.

A pesar de las denuncias, los populares indicaron hoy en rueda de prensa que ante la incapacidad del equipo de gobierno para gobernar el municipio, están dispuestos a ayudarle si les ofrecen su participación en el ejecutivo.