El pasado 30 de noviembre, varios militantes de las Juventudes de ERC se encadenaron en la sede de la emisora en Madrid para protestar por lo que consideran una "campaña de siembra de odio" de la cadena de radio contra el tripartito catalán.

Su acción fue respaldada por dos diputados del partido, Joan Tardá y Joan Puig, por lo que ambos fueron duramente criticados desde otros grupos parlamentarios.

El PP pidió ante la Mesa del Congreso que la Comisión de Estatuto del Diputado condenara la actuación de ambos, por considerarla perjudicial para la imagen del conjunto del Parlamento.

La petición fue desestimada por la mayoría de la Mesa con el argumento de que la Comisión del Estatuto del Diputado no es competente para analizar ese tipo de cuestión.

El PP ha presentado por ello una iniciativa para que sea el pleno del Congreso el que se pronuncie al respecto, y al que piden "la más rotunda condena".

En su exposición de motivos, el PP asegura que el "asalto" a la cadena "pudo haber derivado en incidentes muy graves, con serio peligro para la seguridad de las personas, dado que se produjo en un momento en el que acudían a la sede de la Cope numerosos ciudadanos para firmar un manifiesto de apoyo a la emisora".

"Este acto de coacción, cuya finalidad última es la de atentar contra la libertad de expresión y de información de un medio de comunicación, estaba detalladamente preparado con antelación, como demuestra la presencia de diversos periodistas de otros medios de comunicación previamente convocados por los promotores de esta intimidación", añaden los populares.