El portavoz de edio Ambiente del Grupo Popular, Juan Luis Muriel; la coordinadora provincial de IU de Sevilla, Concha Caballero, y el dirigente de CCOO Francisco Figueroa han comparecido juntos en rueda de prensa en el Parlamento para acusar a dos directivos de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía del supuesto cobro ilegal de diez millones de pesetas procedente de los ingresos del tren del Parque del Alamillo, inaugurado el 12 de octubre de 1993.

Una sentencia de Magistratura de Trabajo en la que se exige la rencorporación laboral de la empleada que cobraba los tickets del tren, que fue despedida, ha puesto en evidencia la irregularidad, según los dirigentes políticos y sindicales.

Figueroa explicó que la empleada del parque, Virginia Jiménez, cobraba el tren y metía el dinero en una bolsa de plástico que debía entregar a Antonio Zoido. El caso se originó cuando la trabajadora pidió justificantes del dinero que tenía que entregar a los dos directivos implicados, pero al negarse sufrió la intimidación de dosvigilantes jurado.

Jiménez denunció los hechos al sindicato CCOO y al PP y presentó después una querella en la Magistratura de Trabajo de Sevilla, que falló en su favor y exigió su readmisión. Los dirigentes del PP y de IU se preguntaron en el Parlamento por el destino del dinero cobrado de forma irregular.

Nada más tener conocimiento de las acusaciones, el director del parque, Antonio Zoido, desmintió los hechos y aseguró que el dinero que se cobraba del tren se ingresaba en el banco y se reinvetía en actividades. Zoido prevé querellarse contra el PP y CCOO porque, a su juicio, no se ha cometido ninguna irregularidad contable.