Se trata de Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, que están acusados de un posible delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y maquinaciones para alterar el precio en la privatización de la empresa funeraria Funespaña.

Arenas explicó que la dirección del PP de Madrid está estudiando el caso y la posible implicación de los tres cargos populares, por si fuesen merecedoras de suspensión temporal de militanca o de expulsión del partido.

Hasta el momento, el PP no ha tomado ninguna decisión sobre la participación de los tres cargos populares en el "caso Funeraria" y se está investigando "a fondo" el asunto para poder determinar la posible implicación de Huete, Viñals y Moreno.