Según informó el Partido Popular mediante un comunicado, el eurodiputado consideró que la UE "no puede quedarse de brazos cruzados" ante semejantes medidas y reclamóexplicaciones sobre cuáles son las opciones que existen para defender a las empresas europeas afectadas y cuál de ellas piensan aplicar.

Asimismo, pidió a la Comisión Europea que opine si a su juicio la actuación del Estado boliviano "es propia de un Gobierno que mantiene relaciones amistosas con la UE" y si considera que tras las decisiones de Evo Morales "las relaciones de la UE con Bolivia pueden seguir como hasta ahora".

García-Margallo consideró que la medida del Gobierno boliviano "supone una modificación no consensuada de los contratos en vigor, decidida por decreto y no por ley y orquestada por medidas tan aparatosas como la ocupación militar de las áreas de producción".