Los populares presentaron ayer una proposición no de ley en ese sentido en el Congreso de los Diputados. Previamente informaron al Ministerio de Interior sobre su contenido, y esperan ahora mantener contactos con el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso.

La portavoz popular entiende que la presentación unilateral de esta iniciativa, así como otra en la que instan al Gobierno a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV, no vulnera el compromiso adquirido por Mariano Rajoy con el presidente del Gobierno de no impulsar acciones particulares en materia de terrorismo.

"Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación y hemos mantenido el compromiso de comunicar previamente nuestas decisiones" al Ejecutivo, aseguró Sáenz, quien no quiso desvelar si alguna de las dos iniciativas del PP ha sido motivo de debate en la conversación que mantuvieron ayer Zapatero y Rajoy, al regresar de la capilla ardiente del empresario asesinado por ETA Ignacio Uria.

Sáenz de Santamaría reconoció que la adopción de medidas para impedir que los alcaldes de ANV gestionen el dinero del Plan Municipal tiene dificultades, porque el decreto ley del Gobierno ya está en vigor y será refrendado en el Congreso el próximo día 11.

La tramitación parlamentaria de un decreto ley no permite la introducción de enmiendas, que sólo son posibles en la tramitación posterior como proyecto de ley. El PP, sin embargo, no tiene claro aún si va a solicitar ese trámite, sobre todo porque su debate en la Cámara Baja se podría producir en el mes de febrero, después de las vacaciones parlamentarias.

EXCEPCIONES

Según los planes del Gobierno, las inversiones en infraestructuras municipales se acordarán en el mes de enero con el fin de incentivar la actividad económica en los municipios, por lo que la tramitación como proyecto de ley del plan del Gobierno llegaría tarde.

Por eso, los populares están reclamando al Gobierno que aplique ciertas salvedades a la aplicación del decreto, de manera que los fondos lleguen a los municipios, pero no sean en ningún caso gestionados por los alcaldes de ANV.

Aunque no tienen claro cuál puede ser la vía, barajan la posibilidad de que se establezcan estas excepciones por vía reglamentaria o por algún otro mecanismo que establezca que sean las diputaciones forales las que gestionen esos fondosf y no los alcaldes de ANV.

La condición indispensable que exige el PP al Gobierno es que ese mecanismo entre en vigor "a tiempo" para impedir que los fondos, de entre 2 y 4 millones de euros para cada municipio afectado, llegue a manos de los ediles abertzales

Sáenz de Santamaría aseguró que el PP mantiene sus acuerdos con el Gobierno en materia antiterrorista y confirmó la existencia de "conversaciones" para ver si es posible el acuerdo.