El diputado popular Francisco Vañó declaró hoy a Servimedia que el juego ilegal en España "contrata a personas con discapacidad en condiciones no muy aceptables y, además, compite con los juegos legales de la ONCE".

Por ello, Vañó destacó la importancia de que el Ejecutivo haga un control "más riguroso, con mayor celo y más exquisito a la hora de perseguir las rifas ilegales".

El texto de la propuesta popular señala que "tanto la ONCE como su fundación están comprometidos no sólo con los ciegos, sino también con el conjunto de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, haciendo una función social en sintonía con el sector de la discapacidad, reconocida por éste y por el resto de la sociedad española".

"Por un lado", añade el texto, "la ONCE, con su obra social, atiende la educación y formación de todos los ciegos y deficientes visuales, y su grupo de empresas ONCISA fomenta el empleo de los ciegos españoles".

Asimismo, la iniciativa popular destaca que la Fundación ONCE esta desarrollando en colaboración con los municipios "excelentes programas de accesibilidad y fomento de empleo de las personas con discapacidad".

Así, los populares subrayan que la Fundación ONCE generó el pasado año 5.088 puestos de trabajo, de los que 4.372 fueron por personas con discapacidad.

"Toda esta labor está sustentada en los beneficios obtenidos con la venta del conocido cupón, y el resto de productos de juego de la ONCE, en cuya venta se emplea a más de 23.000 discapacitados físicos y sensoriales, y en el caso de la Fundación ONCE con el 3% de los ingresos brutos de la venta de dichos productos", afirma el PP.

A renglón seguido, los populares denuncian que "con la excusa del empleo de discapacitados han aparecido rifas y sorteos ilegales que, además de utilizar a las personas con discapacidad y sorteos de ONCE, compiten con el cupón y resto de los juegos legales, de manera que perjudican seriamente las ventas legales y controladas de la ONCE, causando un grave perjuicio a la labor que a través de ellos se lleva a cabo".

Finalmente, la propuesta del PP explica que esta demanda de un mayor control del juego ilegal por parte del Gobierno no sólo es reclamada por la ONCE, sino por diferentes organizaciones de discapacitados unidas en torno a la "Plataforma en defensa del cupón".