En declaraciones a Servimedia, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, recordó que en dicho Tratado, en vigor desde 2003, hay cláusulas que impiden acometer expropiaciones, salvo por razones de interés público o general.

Y, si se producen dichas expropiaciones, "obligan a indemnizar por el valor de mercado" del bien expropiado, en este caso, según las intenciones del Gobierno de Evo Morales, acciones de Andina, la filial de Repsol YPF en Bolivia, con el fin de hacerse con el control de la sociedad.

"Hay un vínculo jurídico, un tratado internacional ratificado por los dos parlamentos (español y boliviano) en vigor, y el Gobierno tiene que esgrimir ese instrumento jurídico", dijo Arias Cañete, porque Bolivia "no puede hacer tabla rasa".

Si el Gobierno de Evo Morales "sigue en sus trece" y mantiene la nacionalización de los hidrocarburos, España "tendrá que acudir a la justicia" y hacer valer dicho Tratado.