El PP responde así este martes a la petición del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien apeló hace dos semanas a las Cortes Generales a investigar cómo se actuó antes, durante y después de la catástrofe. Y también al PSOE y sus socios parlamentarios, que anunciaron hoy el registro de dos comisiones paralelas, aunque esta decisión de los populares estaba tomada con antelación.

"Hay que esclarecer todas las circunstancias, asumir responsabilidades y poner en marcha todas las medidas necesarias para paliar los daños y prepararnos para que una catástrofe como ésta no vuelva a ocurrir", defiende el texto registrado por el PP, que hace una breve cronología de las alertas enviadas a los ciudadanos durante las horas de la catástrofe coincidente con la expuesta por la Generalitat Valenciana.

"Necesitamos saber por qué la experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos aplicables y que hasta el martes 29 de octubre habían funcionado, no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños sufridos", añade la propuesta de los populares, que motivan así la creación de esta comisión de investigación.

El objetivo final, según los proponentes, es "evitar que se repitan situaciones como la vivida durante esta DANA". Para ello, el PP apuesta por "analizar las responsabilidades políticas de las diferentes administraciones implicadas", es decir, de la Generalitat, la Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). También "estudiar planes de recuperación de la zonas afectadas y mejoras en la prevención de catástrofes".

El principal partido de la oposición no ha avanzando aún ningún compareciente, ni siquiera si citará a Mazón, cuyo nombre no aparece en ninguna de las seis páginas del texto. Pero desde el principio de la crisis, el PP ha tratado de responsabilizar a Teresa Ribera, futura vicepresidenta de la Comisión Europea que dirigía el Ministerio para la Transición Ecológica, del que dependían la Aemet y la CHJ. De hecho, aparece en la cronología de los hechos de Génova, que arranca el lunes 28 a pesar de que las primeras alertas de la Aemet llegaron una semana antes.

OLVIDA LA COMIDA CON LA PERIODISTA

Los populares también omiten que la Agencia Estatal de Meteorología declaró la alerta roja el mismo día 29, aunque sí recoge que auguró un máximo de precipitación de 180 litros por metro cuadrado en doce horas, una previsión que finalmente se quedó corta. También subraya que el Departamento de Seguridad Nacional contaba con esta información y que las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y el Segura no dieron "ningún tipo de aviso" al Gobierno de Castilla- La Mancha.

Con respecto a la Generalitat, señala que el Centro de Coordinación de Emergencias lanzó un total de 24 avisos en 59 horas "con información sobre la situación y recomendaciones a través de notas enviadas a los medios de comunicación, redes sociales, su propia página web, así como a toda la red de ayuntamientos y agencias, conforme evolucionaba la situación, tal y como se había hecho siempre". Además, recalca que estos avisos hay una serie de recomendaciones, entre ellas, "evitar coger el coche si no era estrictamente necesario y no acercarse a zonas próximas a ríos, ramblas y barrancos", y que a lo largo de la mañana "se fueron sucediendo reuniones con presencia de las distintas administraciones competentes".

En paralelo, destaca que el primer aviso del día emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar llegó por correo electrónico al Cecopi a las 11.06 horas, cuando avisó de que el caudal de la rambla del Poyo ascendía a 264 metros cúbicos por segundo. La Generalitat pidió a los ayuntamientos realizar acciones de prevención y activó entonces la alerta hidrológica, la cual mantuvo a pesar de que el organismo dependiente del Gobierno informó de una reducción del caudal hasta los 28,7 m3/s a las 16.13 horas.

La siguiente notificación de la CHJ se produjo a las 18.43 horas, cuando el caudal de la rambla del Poyo ascendía hasta casi los 1.700 metros cúbicos por segundo y ya había inundado algunos municipios como Paiporta. No obstante, el PP no hace ninguna referencia a la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana, por la que llegó a la reunión clave del Cecopi más de dos horas tarde, es decir, pasadas las 19.00 horas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció este domingo que "el error de Mazón fue creer que no era necesaria su presencia" en esta cumbre, que no mandó el mensaje masivo de alerta los teléfonos de los valencianos hasta las 20.11 horas. Sobre esta cuestión, los populares se alinean con la Generalitat y aseguran que esa decisión estuvo motivada en el riesgo de que se rompiera la presa de Forata.

COMISIONES DE PSOE Y SUS SOCIOS

Antes que el PP, Sumar y Compromís anunciaron un acuerdo con Podemos, ERC y Junts para presentar su propia comisión de investigación, del que se descolgó el PSOE, que anunció que registraría una propuesta paralela.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, dejó caer que votarán en contra de las propuestas del PSOE y sus socios. “Desconozco las intenciones de los proponentes en la comisión de investigación que se pretende llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. Mucho me temo que los socios de Sánchez no quieren analizar lo que ha hecho bien, mal o regular el Gobierno de España, sino que quieren hacer un juicio paralelo al Gobierno de la Generalitat Valenciana desde aquí”, señaló.

Además de las más de 220 muertes, la DANA provocó el rescate de más de 36.000 personas en 75 municipios repartidos en 562 kilómetros cuadrados. Perjudicó a 48.722 empresas en las que trabajan más de 360.000 personas, y a alrededor de 68.000 autónomos. Afectó a más de 650 kilómetros de carreteras, 90 kilómetros de vías de ferrocarril. También a 92 centros educativos con más de 24.000 alumnos que han necesitado ser reubicados, 57 centros de salud y 421 farmacias con daños, y 126 residencias y centros sociales que atienden a 8.198 usuarios. Y destruyó 54.312 hectáreas de cultivo y 50.000 parcelas destruidas, además de dejar a 600.000 ciudadanos sin acceso a agua potable y a otros 150.000 usuarios sin suministro eléctrico.