Según la sentencia dictada por la Sección Segunda de la sala de lo contencioso administrativo de dicho Tribunal y dada a conocer hoy en Toledo por el Partido Popular, la decisión adoptada por el Parlamento castellanomanchego en el conocido 'caso de las cuentas del PP' vulnera el artículo 23.2 de la Constitución española.

El citado artículo garantiza el derechofundamental "de ejercicio en condiciones de igualdad en el cargo público para el que ha sido designado por voluntad popular mediante sufragio".

El 28 de septiembre de 1993, la mesa de las Cortes de Castilla La Mancha decidió requerir al PP l98 millones de pesetas en subvenciones, después de que un informe de la Intervención del Parlamento señalara que no había justificado debidamente esas ayudas.

El tribunal expone además que las objeciones del informe del interventor a la contabilidad del PP no e las comunicaron a los populares, "por lo que no pudo formular alegaciones, dándose lugar a una situación de absoluta indefensión".

La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha impone en su sentencia a las Cortes regionales las costas procesales. El órgano de Gobierno de la cámara regional tiene un plazo de diez días para la presentación de un recurso de casación.

El presidente del PP en Castilla La Mancha, José Manuel Molina, pidió hoy en Toledo al PSOE "una rectificación púbica" y exigió a los dirigentes socialistas de Castilla La Mancha que "paguen de su bolsillo las costas procesales, porque no es de recibo que los ciudadanos tengan que pagar un atropello como éste".

Molina reiteró que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia "deja a las claras que todo esto ha sido una operación política de José Bono, que le ha permitido tener más medios en las pasadas elecciones y así poder ganarlas".