Según la denuncia, los hechos se remontan a 1991, cuando la Comisión de Urbanismo se reunió en el Parlamento regional sin el 'quorum' suficiente y en cuya acta figura como asistente un registrador de la propiedad de Cáceres que, posteriormene, aclaró que no acudió al acto.

En esta reunión, se negó el interés social para la concesión de los terrenos a Golf Río Caya. El consejero delegado de dicha empresa informó a la Consejería de Presidencia y Trabajo que a la reunión no había acudido el registrador de la propiedad Fernando Rodríguez Rubio y que "ni siquera fue convocado", a pesar de figurar en el acta como asistente.

En la denuncia se pone de manifiesto que estaban informadas de estos hechos, entre otras personas, Rodríguez Ibarra,el consejero de Obras Públicas, Eugenio Alvarez; la entonces titutar de la Consejería de Turismo, María Emilia Manzano, y el secretario de la Comisión de Urbanismo, Rafael Ferrero.

Mayoral manifestó que el jefe del Ejecutivo extremeño "se dedica al insulto y no voy a entrar en este asunto" y añadió que "nos vuelve a todos locos. Es un esquizofrénico que no puede estar haciendo de la Junta de Extremadura su capricho, porque predica a nivel nacional transparencia y aquí barre para su cortijo".

El P ha solicitado que se abra una investigación sobre los hechos y pide a la fiscalía que se aclare lo ocurrido y se fijen las consiguientes responsabilidades.