Según resalta el PP en su escrito, Galindo fue primero director general de Cooperación Autonómica y Local y luego subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso.

Por tanto, el Grupo Popular considera que Galindo “era miembro de un Ministerio del Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición que la Mesa debe calificar, ya que el propio ministro Félix Bolaños reconoció que se trataba de un proyecto de ley que se iba a vehiculizar a través de una proposición de ley”.

Para el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, esto “significa que el texto ha sido elaborado y redactado desde el Gobierno o, por lo menos, que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo”.

En este sentido, el PP considera que “es más que probable” que Galindo “sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos”. Por ello, sostiene que “queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo”.

Además, el PP subraya que Galino “está casado con quien ha sido directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de octubre” y que “todas estas circunstancias, según las leyes del Régimen Jurídico del Sector Público, la de Altos Cargos y el Estatuto del Personal de las Cortes, deberían llevarle a su abstención en la causa por ser contrarias a los principios de objetividad e imparcialidad de los empleados públicos recogidos en la Constitución”.

De no hacerlo, el PP se remite a la Ley de Altos Cargos para advertir de que “puede generar una responsabilidad que se materializa en el ámbito disciplinario, por resultar constitutiva de falta disciplinaria muy grave llevando aparejada la sanción de separación, suspensión o traslado forzoso del puesto”.

“Como no ha procedido a abstenerse de intervenir en el procedimiento, el Grupo Popular solicita formalmente la recusación de Galindo para el informe técnico y asesoramiento de los miembros de la Mesa en el trámite de calificación de esta ley”, explica el partido.

Esta ley, subraya el PP, “responde únicamente al pago de Pedro Sánchez a los independentistas para seguir siendo presidente del Gobierno, por lo que el asesoramiento técnico será determinante para sus propios intereses y del Ejecutivo”.

Por último, el Grupo Popular recuerda que el 23 de marzo de 2021 el anterior secretario general del Congreso presentó un dictamen técnico a la proposición de ley de amnistía registrada por ERC y el Grupo Plural que desestimaba su calificación e inadmitía a trámite por entrar en “una contradicción palmaria y evidente con la Constitución”.