Trillo aseguró tener indicios fundados de que desde la semana psasada Hernández ha dimitido y explicó que en la reunión que el fiscal mantuvoel pasado martes con el presidente del Gobierno le reiteró esta renuncia. "O quizás el presidente le expuso -no sabemos a quién creer de los dos- la necesidad de su cese", matizó el parlamentario popular.

Tras hacer hincapié en que la situación de incertidumbre que afecta a la Fiscalía General requiere una rápida solución, Trillo acusó a González de hacer una maniobra política consistente en destituir a Hernández y evitar así cargar con las consecuencias de su nombramiento y del desarrollo de su activdad.

El parlamentario popular recordó que el Tribunal Supremo ha fijado una fecha posterior al 12 de junio para la vista y fallo del recurso pendiente sobre el nombramiento de Hernández y reiteró que el tribunal "debe fallar de una vez dicho recurso", porque el abandono de las funciones o su cese "en modo alguno priva del interés público que existe en saber si fue un nombramiento legal".

Trillo dijo que el Ejecutivo debe asumir la trayectoria de Hernández en los dos años en los que ha ocupado la iscalía, y en los que, en su opinión, siempre ha demostrado estar a disposición del presidente del Gobierno, como hizo al "obturar" el proceso Filesa en el último proceso electoral o cuando ahora ha ordenado la detención de dos inculpados en el 'caso Ibercorp'.

PREGUNTA ORAL

El PP presentará en el pleno de la semana próxima una pregunta oral para exigir explicaciones al Gobierno sobre las razones que parecen aconsejar ahora la sustitución de Eligio Hernández.

Asimismo, ha pedido la comparecenci del ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, para que informe de la fusión de ambos departamentos y de los planes de acción que piensa desarrollar al frente los mismos.

El Grupo Popular entiende que la fusión de Interior y Justicia se ha hecho por una razón coyuntural: Interior se ha quedado desguarnecido y se ha tenido que proteger ese ministerio a la sombra del de Justicia.

Trillo explicó que dos ministerios llamados uno a prevenir la acción delictiva y otro a salvagurdar la tutea de los derechos y libertades no pueden estar en unas mismas manos. "Eso es una confusión lamentable", añadió, "y un retroceso preocupante".