Los populares justificaron su iniciativa en la necesidad de que el Ejecutivo aclare las informaciones periodísticas de los últimos días, según las cuales las recientes investigaciones relacionadas con la trama de corrupción del ex director de la Guardia Civil "habrían desvelado conexiones hasta ahora desconocidas" entrelas actuaciones de Roldán y las irregularidades cometidas en las adjudicaciones de contratos para la realización de obras o la venta de material al Estado.

De acuerdo con estas noticias, varios cheques bancarios, procedentes de algunas de las empresas adjudicatarias de contratos del tren de alta velocidad y de equipos de seguridad para la Expo 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona, fueron ingresados en las cuentas que Roldán tenía abiertas en Suiza.

Dichas averiguaciones revelan, según el PP, qu no era el ex director de la Benemérita el destinatario final de todo el dinero ingresado, sino que sus cuentas fueron utilizadas pabra blanquear el dinero procedente del pago de comisiones ilegales.

EXPLICACION INMEDIATA

En la exposición de motivos de la interpelación, el PP señala que "la trascendencia que la veracidad de dichas informaciones conllevaría al vincular de manera evidente supuestos de corrupción del Gobierno socialista que hasta ahora se consideraban inconexos -comisiones del AVE, Filsa, Fondos Reservados, Roldán- exige una inmediata explicación por parte del Gobierno".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Loyola de Palacio, aseguró, en rueda de prensa, que si se analizan los distintos escándalos, como el AVE, Filesa, Roldán y otros, pueden parecer en un primer momento inconexos, "pero al final", precisó, "siempre aparecen las mismas personas, que son 50 nombres que tienen especiales relaciones con el PSOE y vinculaciones con el Gobierno".

A juicio de los populares, par esclarecer la verdad de este asunto, el Gobierno debería haber tomado iniciativas como la de personarse en los procedimientos judiciales abiertos, investigar a las personas implicadas en la toma de decisiones sobre estos contratos e incitar a la Intervención General del Estado a que supervisara todas las transferencias de capitales realizadas.

Igualmente, consideran que el fiscal general del Estado tendría que haber participado activamente, que el Tribunal de Cuentas debería haber abordado una investgación a fondo y que se tenía que haber creado una comisión de investigación al respecto.