El pasado viernes, la votación de un diputado de Junts a favor del líder del Partido Popular demoró el recuento de los votos de la segunda y última votación de la investidura de este candidato. Durante los votos a viva voz de los diputados presentes en la Cámara Baja, Eduardo Pujol, al escuchar su nombre, se puso en pie en su escaño y dijo “sí” y, mientras volvía a sentarse, rectificó con un “no”.

El propio Pujol y el resto de diputados de Junts empezaron a reírse tras esta situación. Incluso la diputada independentista Pilar Calvo se tapó la cara para reírse de este hecho. La votación del citado diputado hizo que la Mesa del Congreso se juntara durante un tiempo prolongado de tiempo para valorar de qué manera contabilizar su voto.

Finalmente, la Mesa de esta Cámara optó por considerar este voto como nulo, lo que hizo la votación final de la investidura de Feijóo terminara con 172 votos a favor, 177 en contra y un voto nulo. En la votación del pasado miércoles, Pujol, al igual que el resto de diputados de su partido, votó en contra.

Ahora, en el escrito del PP “se solicita de forma subsidiaria la convocatoria de la Mesa de la Cámara Baja para que adopte las medidas dirigidas a la rectificación exigida conforme a los argumentos expuestos en el escrito; como que la figura del voto nulo no solo no existe en el voto público por llamamiento (sí, no o abstención), sino que ni siquiera se contempla en el Reglamento del Congreso, resultando por tanto inexplicable y manifiestamente arbitrario el proceder de Armengol”.

Además, el PP muestra “la absoluta estupefacción de los miembros del Grupo Parlamentario Popular ante la decisión de declarar nulo el voto del diputado de Junts que dijo sí a la investidura y no formuló protesta a la confirmación del voto en un sentido afirmativo por la secretaria cuarta de la Mesa hasta en tres ocasiones”.

La portavoz del PP esgrime en el escrito que “los graves hechos descritos infringen las normas aplicables al recto funcionamiento del Congreso vulnerando el derecho fundamental al ejercicio de la representación parlamentaria de todos los diputados, y en clara contradicción con el criterio del secretario general de la Cámara, que en un informe de fecha 10 de febrero de 2022 concluyó que ‘el voto válidamente emitido es irrevocable salvo error técnico y en los casos expresamente previstos en el Reglamento’”.

El PP añade “que, independientemente de que un solo voto no habría alterado el resultado a los efectos de otorgamiento o no de la confianza parlamentaria, la arbitraria actuación aquí denunciada constituye un precedente grave y peligroso para el recto funcionamiento de esta Cámara”.

En este sentido, concreta que “la presidenta, de motu proprio, efectuó una calificación inexistente en el Reglamento de la Cámara (voto nulo) y arbitraria por carecer de todo amparo en Derecho, lo que constituye una vulneración del derecho al ejercicio de la función representativa de conformidad con lo establecido en la ley e indirectamente, del derecho de los ciudadanos a la representación política”.

Asimismo, el partido liderado por Feijóo subraya que el precedente creado con la actuación de Armengol “supondría introducir elementos de arbitrariedad e inseguridad jurídica en el proceso de voto público por llamamiento”.

Precisa que, frente “al garantista sistema consistente en la mera interlocución entre diputado y secretario de la Mesa como medio de determinar el voto efectivo”, con el precedente de Armengol “podrían primar elementos subjetivos y de oportunidad introducidos por terceros, operándose una mutación de un uso parlamentario consolidado que no solo es incompatible con la seguridad jurídica y certeza exigible, sino que redundaría en la creación de un marco absolutamente intimidatorio para expresara en condiciones de libertad el voto por el diputado”.

En resumen, se considera que todo lo expuesto respecto a la actuación de Armengol “constituye un atentado a los principios esenciales que rigen nuestro Estado social y democrático de derecho”, ya que sería un precedente “por completo incompatible con cualquier concepción razonable del adecuado ejercicio de la función representativa con libertad real -y no meramente semántica- de voto”.