García-Margallo presentó una interpelación urgente al Ejecutivo comunitario para que obligue a las autoridades francesas a informar del contenido del proyecto, denunciado por las asociaciones de transportistas españolas, y dictamine cuanto antes si viola el principio de la libre circulación de mercancías.

"Una medida de estas características puede afectar claraente a la unidad del mercado interior, en la que se debe respetar el principio de la libre circulación de mercancías", manifestó el eurodiputado. Según los datos de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) "un peaje de unos 0,15 euros encarecería en un 20% el precio del transporte procedente de España, lo que representa unos 200 millones de euros anuales".

Finalmente, García-Margallo denunció que "detrás de medidas semejantes a la francesa puede haber una intención de frenar la cometitividad de las empresas de transportes de países como España e impedir que alcancen los nuevos mercados de Europa del Este".