Según anunció a Servimedia el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, su formación se plantea acudir ante el Alto Tribunal tras la convalidación en el Congreso, el pasado 24 de noviembre, del decreto aprobado a finales de octubre por el Ejecutivo.

La norma permite devolver a UGT 151 millones de euros, cantidad coincidente con el crédito que el sindicato mantiene con el ICO por el caso de la cooperativa de viviendas PSV, que quebró en la mitad de los 90.

Comisiones Obreras reclamó hoy a los partidos que se opusieron a la aprobación de este decreto, entre ellos el PP, que utilicen su capacidad para recurrir dicha norma al Constitucional. Basta la firma de 50 diputados (el PP tiene 148) para llevar una norma ante el Alto Tribunal.

El PP anunció, además, que solicitará la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales que estudie el patrimonio sindical histórico, antes de criticar que se vaya a indemnizar por unos bienes cuya titularidad no se exige acreditar.