Arenas explicó que el PP encargó ayer dos informes jurídicos para comprobar si en la última reunión del consejo de administración de RTVEse produjo un posible "fraude de ley".

Asimismo, recordó que los consejeros del PP decidieron abstenerse en la votación de García Candau, por considerar que no era correcto el procedimiento y que se podía estar infringiendo la ley.

La argumentación de los consejeros populares fue que la votación del cargo por parte de un consejo en funciones va contrael espíritu del Estatuto de la Radio y la Televisión, que establece la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de director general en cada legislatura.

Arenas precisó que, en cualquier caso, "creo que es un atentado contra la democracia haber hecho ese planteamiento sin respetar a las Cortes Generales, porque se ha decidido en un ente público como si se tuvieran 175 diputados, sin reconocer la voluntad de los españoles expresada el día 6 de junio".

Tras señalar que no quería prnunciarse sobre la legalidad del caso, Arenas reiteró que si los informes encargados "dieran base, procederíamos a la impugnación de esos acuerdos".

TODO LO AUDIOVISUAL

Arenas, que estuvo acompañado en la conferencia informativa por la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Loyola de Palacio, adelantó que en el próximo mes de septiembre su grupo presentará un texto alternativo global al Estatuto de RTVE, "que más bien sería", puntualizó, "una ley básica que regulara todo lo audivisual en España". El grupo popular ha presentado recientemente una proposición de ley, en la que reclama que se desvincule la figura del director general de RTVE del Gobierno y que sea el consejo de administración el que proponga los candidatos.

Igualmente, propone que los miembros del consejo, un total de 12, sean elegidos la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado, mediante mayoría de dos tercios de la Cámara, entre personas de relevantes méritos profesionales, sin afiliación a formaciones políticas. Por otra parte, el grupo popular presentó una proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que mantiene su actual estructura y sus funciones, pero incorpora una mayor vinculación con las Cortes Generales, mediante la remisión mensual de los trabajos en proyecto.

También pide la realización de una memoria anual de la ejecución de su plan de actividades, "con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento de la sociedad española a sus legítimos representantes"

Otra de las iniciativas del grupo popular fue la presentación de una proposición de ley orgánica para que la Junta Electoral Central sea la encargada de dirigir el recuento de las votaciones y de facilitar la información provisional.

El PP entiende que este organismo debe facilitar a los representantes de las entidades políticas concurrentes a las elecciones su presencia en los locales donde se celebren las votaciones, dotándoles de facultades para ejercer control sobre las mismas.

Finalmene, el grupo popular ha pedido la creación de una ponencia que, en el seno de la Comisión Institucional, estudie las condiciones actuales de elaboración del censo electoral.

Con esta medida, los populares quieren evitar los incidentes de la jornada electoral del 6 de junio, en los que numerosos ciudadanos se vieron privados de su derecho a votar, o tuvieron dificultades para hacerlo, ya que no figuraban en el censo.