Según este portavoz, "el PP está esperando que el Gobierno se decida y diga algo después de que un presidente de comunidad autónoma haya asegurado que en Epaña estamos al borde de una confrontación civil. El Gobierno todavía no ha dicho nada. Por lo menos, creemos que merece algún comentario por parte del Gobierno".

La dirección nacional del PP recibió esta mañana un informe del presidente del partido sobre sus últimos viajes a Lérida, Granada y Sevilla, tras lo cual se suscitó un debate sobre la situación política nacional. Los populares destacaron que los asuntos relativos a la corrupción "siguen saliendo, en una carrera que parece no tener límite". A este respecto, se hizo hincapié en las últimas declaraciones de Miquel Roca, con amenazas de ruptura del pacto con los socialistas, y a la creciente situación de inestabilidad, que va a seguir porque "no se vislumbra que el Ejecutivo de Felipe González aproveche la recuperación económica internacional para encarrilar la economía doméstica".

El FMI, añadió el portavoz informante, ha venido a decir que el proyecto de Ley de Presupuestos redactado para 1995 es un reconocimiento implícito de que se alaza la resolución de los problemas económicos hasta 1996.

RIGOR Y SENSATEZ

Ante esta situación, Aznar ha pedido a los miembros del Comité Ejecutivo "mayor rigor y sensatez, en un momento en que se está empezando a mover bastante la barca", en alusión a un posible resquebrajamiento del pacto PSOE-CiU.

A pesar de estas palabras, la dirección popular ha acordado proseguir con su respaldo al Gobierno en la exigencia de garantías de que los pesqueros españoles faenarán en igualdad de condiciones qu sus homólogos comunitarios, antes de entregar oficialmente el documento de ratificación por parte de España a la incorporación a la UE de Noruega, Suecia, Finlandia y Austria.

Según algunas informaciones de las que se ha hecho eco la dirección popular, "parece que está difícil que esa pretensión española pueda hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de este año", como aprobó el Congreso de los Diputados por unanimidad. Si esta dificultad se hace oficial, el PP mantendrá su apoyo al Gobierno para qe no ceda ante la UE en este asunto.

Por otro lado, el Comité Ejecutivo del PP estudió la situación política en Cantabria y Aragón. Respecto a la candidatura de José Luis Vallines a la presidencia de Cantabria, hoy anunciada, "veremos lo que sale en la votación (de la Asamblea regional)", añadió el portavoz informante. En Aragón, el PP mantiene su postura de no apoyar a José Marco.

Por otra parte, la dirección nacional del PP ha acordado formar dos comisiones de trabajo. Una de seguimiento del seestre de Presidencia comunitaria española, y, en concreto, de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará en diciembre del año que viene en nuestro país.

Una segunda comisión de trabajo hará un seguimiento de la ponencia de reforma constitucional del Senado. El objetivo de esta última es mantener informadas a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de las negociaciones y novedades al respecto.

Además, el portavoz del Comité Ejecutivo anunció que en diciembre de 199 el Partido Popular Europeo celebrará congreso ordinario en España.

ASESINATO DE TAXISTAS

Por último, el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, tomó la palabra en la reunión de la dirección del partido para informar del asesinato esta madrugada en Madrid de dos taxistas y de la situación de la seguridad ciudadana en la capital de España. El Comité Ejecutivo del PP dedicó un "recuerdo especial" para los taxistas y sus familias.

Según Alvarez del Manzano, el PP lleva dos años pidiendoal Gobierno central que se ocupe de la seguridad en las calles de Madrid y recordó a este respecto que en la reunión de la Junta Local de Seguridad la semana pasada se pidió un esfuerzo adicional de presencia del Cuerpo Nacional de Policía en las calles.

Además, el alcalde lamentó que así como en Barcelona más del 80 por ciento de los delincuentes sometidos a juicios rápidos ingresan en prisión, en Madrid esto no es así. Según Alvarez del Manzano, de los aproximadamente 3.000 delincuentes que son someidos a juicios rápidos en la capital cada año, pocos ingresan en prisión, por defectos de la legislación y también por la interpretación legal que los jueces hacen.