Fuentes de la dirección del PP aseguraron a Servimedia que se utilizarán "todos los medios al alcance" para conseguir que Garzón tengan que inhibirse en el proceso de instrucción de este caso, que ha salpicado al principal partido de la oposición por las estrechas relaciones personas que los acusados tenían con destacados miembros populares.

El PP solicitó el jueves personarse en el proceso como acusación particular y, al mismo tiempo, pidió la recusación de Garzón argumentando su "enemistad manifiesta" y "constante animosidad" contra la formación política que lidera Mariano Rajoy.

El juez desestimó este viernes la personación, lo que automáticamente deja sin efecto una posible recusación del magistrado. Sin embargo, el PP no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y, de inmediato, recurrirá la decisión de Garzón ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

Si la respuesta vuelve a ser negativa en este órgano superior, la cosa no quedará ahí. Las fuentes consultadas aseguraron a Servimedia que el PP está dispuesto a emprender todos los recursos posibles para denunciar la "persecución" que está llevando a cabo Garzón.

Los siguientes pasos llevarían al Partido Popular al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación o al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, aunque ambas opciones podrían demorar demasiado el proceso.

En última instancia, el PP no descarta llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo por considerar que Baltasar Garzón tiene un "interés directo o indirecto en el pleito" y una "enemistad manifiesta" con esta formación política, "lo que le priva de la necesaria y exigible imparcialidad" para instruir un presunto caso de corrupción ligado a este partido político.

Este es el argumento que el PP aduce en el escrito de recusación que el coordinador de Libertades Públicas, Federico Trillo, y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, entregaron el jueves en la Audiencia Nacional.

El documento pone el punto de mira, precisamente, en una posible violación de los Derechos Humanos como premisa inicial para recusar a Garzón. En la página 2, recuerda que "la imparcialidad del juez es un derecho fundamental del justiciable sancionado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, preceptos todos ellos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por imperativo de los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución española".