En su opinión, la "política de sumisión" del Ejecutivo regional frente ala Administración central y la de imposición frente a las instancias municipales se ha vuelto a poner de manifiesto en la decisión del Consejo de Gobierno de construir en Soto del Real la nueva cárcel de mujeres.

Para Pedroche, el centro penitenciario, que considera necesario dada la actual situación carcelaria de la comunidad, está bien situado en la zona norte de la región, ante la saturación de cargas sociales que soporta el sur de la CAM.

"Ahora bien", precisó, "que sea necesaria y que esté ben pensada la zona no significa construir un centro penitenciario en un lugar que, por su entorno medioambiental y su situación urbanística, es, a todas luces, inadecuado".

Por ello, el PP presentó una interpelación al consejero de Política Territorial, en la que le insta a negociar la ubicación de la cárcel de Soto del Real con los municipios afectados.

Pedroche reiteró que su formación política no duda de la necesidad de dotar de esa cárcel a la región, ni se opone a que, como parte de una políica de reequilibrio de las cargas, se haga en la zona norte de comunidad.

"Lo que si nos parece criticable es el hecho de que se decida una ubicación de esas características sin negociar con las instancias municipales, que son las que, a la larga, van a recibir las consecuencias de una instalación de ese tipo", añadió.

El diputado popular recordó una comparecencia del anterior consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, en una comisión de la Asamblea Regional.

Indicó que entonces, enrespuesta a una pregunta sobre si su consejería había o no negociado con el Ayuntamiento la ubicación de la futura cárcel, Manganda afirmó textualmente: "Quiero decir claramente que negociaciones propiamente dichas no ha habido en el sentido de negociación".

Pedroche informó que el Ministerio de Justicia, que es el encargado de gestionar el futuro centro y el que ha tomado la decisión de su construcción, ya tiene en propiedad 600.000 metros cuadrados para la instalación del establecimiento.

IMPACTO RBANISTICO

"Las operaciones se están llevando a cabo sin atender a una resolución aprobada en la Asamblea de Madrid en la que se instaba a hacer un estudio sobre el impacto urbanístico, social y medioambiental que iba a suponer su ubicación en Soto", señaló el diputado popular, quien criticó que el Gobierno regional, "tan aficionado a encargar estudios sobre las cuestiones más peregrinas", haya hecho caso omiso de esta resolución.

A su juicio, la ubicación elegida por los responsables regionales resenta una serie de aspectos negativos, como la proximidad de la finca elegida con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, lo que puede perjudicar el medio ambiente, ya que la construcción va a ser de gran envergadura.

Además, el hecho de que los terrenos adquiridos para construir la cárcel estén situados en una zona de especial protección ganadera y la ruptura paisajística de ese área, son otras de las razones que, en su opinión, hacen necesario que se revise la decisión de ubicar el fuuro centro de mujeres en el municipio de Soto.

"Las razones que desaconsejan este emplazamiento llegan al punto de que incluso se ha elegido un terreno que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya había escogido para el trazado del Tren de Alta Velocidad", destacó.

Finalmente, aseguró que el PP ha contactado con los responsables de los nueve municipios más próximos al futuro emplazamiento penitenciario: Colmenar Viejo, Guadalix, Manzanares el Real, el Boalo, Cerceda y Matalpino, Navalfuene, Miraflores, Bustarviejo, Valdemanco y el propio Soto del Real.

"Todos estas localidades están en desacuerdo con la elección de la Consejería de Política Territorial, por lo que es necesario abrir un proceso negociador a dos bandas: por un lado con el Ministerio de Justicia y por otro con los municipios afectados", concluyó Pedroche.