"De haberse producido esta amnistía, el coste para el total de los ciudadanos ascendería a más de 62.000 millones de pesetas, además del agravio comparativo y pésimo ejemplo que supone para el conjunto de los contribuyentes los privilegios exorbitantes de que goza una empresa pública reacia al control parlamentario", indicó Beteta.

El diputado popular dijo que el 25 de abril de 1991 la DirecciónGeneral de la Inspección emitió un informe en el que declaraba sujeto al impuesto de sociedades al Canal de Isabel II.

"Es inexplicable", agregó Beteta, "desde el punto de vista jurídico-tributario, que pocos meses después, sin haber pagado el Canal ni una sola peseta por este concepto, se emitiese presuntamente un certificado que le declarase al corriente de pago de todos los impuestos y tasas".

Para el PP, la única calificación posible para este asunto es la de "cacicada política", razón por lacual ha pedido la comparecencia de director general de la Inspección Tributaria y Financiera en la Cámara regional, para que de explicaciones al respecto.

Beteta denunció que el Canal tiene contraída una deuda con Hacienda por valor de más de 60.000 millones de pesetas, por haber dejado de pagar durante los últimos años los impuestos del IRPF, IVA, impuesto de sociedades y las licencias fiscales.

Por su parte, la dirección de la empresa pública madrileña desmintió estas acusaciones y recordó que urante esos años el Canal tenía el mismo régimen tributario del Estado, es decir, un régimen aforado que no incluía el tributo del impuesto de sociedades y las licencias fiscales.