Estos servicios tenían la misión de depositar las drogas intervenidas por las fuerzas del orden, analizar los productos, conceder y controlar los carés para el uso de dosis extraterapéuticas, inspeccionar las oficinas de farmacia, destruir las mercancías decomisadas y autorizar el traslado de los cadáveres al extranjero.

Según el senador popular, la desaparición de dichas unidades en determinadas provincias españolas ha provocado que actualmente sea imposible conseguir autorizaciones para usar dosis extraterapéuticas -utilizadas por los enfermos terminales de cáncer- y gravísimos retrasos en las pruebas judiciales y policiales.

A estos probleas, afirmó José Antonio Sacristán, hay que añadir el laboral, ya que muchos funcionarios se han visto privados de las plazas que ocupaban. La supresión de las unidades fue determinada por la Comisión Interministerial de Retribuciones a finales del año pasado.

El senador ha presentado una pregunta parlamentaria para que el Gobierno explique por qué han desaparecido estos servicios en las provincias de Avila, Palencia, Segovia y Soria, cuando en otras zonas con menor índice de población se siguen mantenendo.

Sacristán quiere saber también cómo y quién desempañará en el futuro estas funciones y qué problemas laborales ha ocasionado la supresión de estos puestos de trabajo.