Así lo afirma el PP en el texto del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra dicho decreto. El recurso, de 83 páginas, al que ha tenido acceso Servimedia, viene firmado por 82 diputados del PP, encabezados por Ignacio Astarloa, y entre los que no se encuentra el presidente del partido, Mariano Rajoy.

Los populares constatan la violación de cuatro artículos de la Constitución, empezando por el 86.1, al entender que no se dan los motivos de "extraordinaria y urgente necesidad" para que el Gobierno recurra a un decreto.

Asimismo, se cita el artículo 28.1 de libertad sindical y se liga al 14, que regula el derecho a la igualdad, al entender que se beneficia a la UGT en detrimento de CCOO en vísperas de un proceso de elecciones sindicales.

El tercer artículo referido por el PP es el 9.3, al entender que el Gobierno "viola el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", con un decreto "discriminatorio" y que "carece de toda explicación racional".

Por último, argumentan que la norma viola el artículo 31.2 de la Constitución, pues "permite una asignación arbitraria e injustificada de bienes y recursos públicos".

RELACIÓN PSOE-UGT

En su argumentación del recurso, el PP dice que "es conocida la innegable relación que existe entre el PSOE, hoy en el Gobierno, y la UGT. Tal vinculación llegó a ser tan estrecha que en sus comienzos la sindicación a UGT suponía la afiliación automática al PSOE y viceversa".

En el texto, el PP argumenta que "el largo plazo transcurrido (20 años)" desde la ley que amparó la devolución del patrimonio sindical "permite entender que el derecho a la reclamación de los bienes inmuebles incautados que dicha ley establece se encuentra extinguido por prescripción -salvo en los supuestos en que todavía existentes procedimientos administrativos o judiciales pendientes-, al haberse superado con creces los plazos de prescripción de los bienes y derechos previstos por la legislación administrativa y civil".

El decreto aprobado por el Ejecutivo, dice el PP, lo que hace es "restablecer derechos ya extinguidos, sin justificación alguna, y con el único fin de favorecer a una determinada organización sindical".

Por ello, continúan los populares, la norma "viola de forma flagrante el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución enervando con ello el derecho de libertad sindical contenido en el artículo 28.1 de dicha norma fundamental".

"Resulta claro que el beneficiario principal de la reforma es el sindicato tan estrechamente vinculado al partido en el Gobierno, siendo anecdótica la repercusión que dicha norma pudiera tener en el patrimonio de la otra central sindical que aparece mencionada en la memoria económica del decreto ley", la CNT, dice el PP. Este sindicato recibiría 3,7 millones de euros, frente a los 151 millones de UGT, recuerdan los populares.

Esta cuantía, unida a la deuda que la UGT mantiene con el ICO por la quiebra de la cooperativa PSV, "acreditan, en suma, que el decreto ley ha sido dictado para contribuir a solventar los problemas económicos de UGT (en momentos de especial dificultad financiera, y en vísperas del próximo proceso electoral sindical, que se iniciará en los primeros meses de 2006)".

Por todo ello, el PP pide al Tribunal Constitucional que estime su recurso y declare contrario a la Carta Magna el decreto aprobado por el Ejecutivo el 28 de octubre de 2005.