Lo ha hecho la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, a través de una pregunta con solicitud de respuesta escrita al Ejecutivo comunitario. En el escrito, constata la reacción de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien denunció las “presiones” a los jueces.

Y subrayó que, mientras que se produce “este ataque directo a la credibilidad de la Justicia” por parte de Sánchez, se encuentran imputados su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su ex secretario de Organización en el PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En este contexto, el PP quiere que la Comisión Europea aclare si considera “admisibles” estos “ataques” desde La Moncloa contra los magistrados que están investigando las causas contra el entorno de Sánchez, y si “iniciará un diálogo estructurado con el Gobierno para detener los constantes ataques contra la judicatura desde cargos” del Ejecutivo.

“Sánchez habla de cartas marcadas, cuando él es el principal responsable de que el Tribunal Supremo haya imputado al fiscal general del Estado por revelación de secretos para dañar a la oposición, al someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno”, dijo Montserrat. “Los ataques de Sánchez a los jueces son un ataque al Estado de derecho europeo, a la separación de poderes y a la libertad e integridad democráticas”. “Cuando un Gobierno interviene en estos procesos, socava no solo el progreso hacia una justicia justa y transparente, sino también los compromisos asumidos por todos los Estados miembros de la Unión Europea de respetar y proteger el Estado de derecho”, añadió.

El PP avisó así de que las intromisiones del Gobierno en la labor de los jueces “dañan la democracia” y pidió actuar a la Comisión, que es la competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de derecho.