El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román, ha denunciado los hechos ante el Juzgado de Instrucción de la ciudad para que investigue lo ocurrido, que a su juicio podrían conllevar penas de inhabilitación para empleo público por tiempo de entre 8 y 14 años.

Los hechos denunciados se remontan a la primavera de 2005, cuando la Sala Óxido de Guadalajara comienza a organizar conciertos y eventos musicales pese a no contar con licencia municipal. Entre dichos actos, el consistorio llegó a pagar 1.600 euros por la celebración de un concierto del grupo "Estudio 80" y "DJ Ramón Redondo".

El alcalde tuvo conocimiento en septiembre de 2005, a través de la policía, de que "en el establecimiento tocaban grupos de ideología nazi, así como que se realizaban conciertos desde el mes de abril de 2005, no contando con las oportunas licencias de obras ni apertura".

Sin embargo, el PP denuncia que desde el gobierno local no se tomaron medidas sancionadoras contra la Sala Óxido y se permitió "el desarrollo de una actividad poniendo en peligro la integridad de las personas y admitiendo una situación ilícita".

A estos hechos se suman declaraciones en los meses posteriores tanto del alcalde de Guadalajara, el socialista Jesús Alique, como del primer teniente alcalde, Jorge Badel, de IU, en las que públicamente elogiaban a la Sala Óxido. En palabras del propio Baldel, esta sala había puesto a la ciudad "en primera división" en la organización de eventos musicales.

Por todo ello, el PP considera que Alique y Badel "están participando de una manera directa en el desarrollo de la actividad de una empresa que entre los objetos sociales tiene la organización de eventos musicales, pero que los desarrolla en un emplazamiento para el que no tiene concedida autorización administrativa alguna y, por tanto, está fuera de la legalidad urbanística".

Además, sostiene que el alcalde y el primer teniente de alcalde están "participando activamente en la trasgresión de las normas no sólo en su condición de miembros de la corporación local, sino también como presidente y vicepresidente del Patronato de Cultura, que recibe subvenciones directas del Ayuntamiento para organizar distintos eventos entre los que también se encuentra el Festival Panorámico Musical del que D. Jorge Badel es director, y que a su vez declara los beneficios que existen en una sala que no goza de autorización administrativa para nada y por tanto nunca se debería contribuir a ejercer estos actividades susceptible de obtener fondos".

En el escrito presentado por el PP, al que tuvo acceso Servimedia, se asegura que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación que, en virtud del artículo 404 del Código Penal, podría conllevar penas "de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

Además, podrían incumplir el artículo 439 del Código Penal, que establece una pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años para "la autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones".