En esta línea se han manifestado los propietarios de viviendas en numerosas ocasiones, ya que consideran que el actual escenario no proporciona suficiente seguridad jurídica para sacar sus pisos al mercado de alquiler.

La reducción que plantea el PP supondrá modificar el plazo fijado en la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994. Según García Ballestero, "ésta es una medida muy necesaria, ya que el plazo de cinco años se ha mostrado como ineficaz y hay que ir a una mayor flexibilización".

El senador del PP recuerda en la proposición que la Ley de Arrendamientos se hizo en el 94 con el objetivo de aumentar el parque de viviendas destinadas a alquiler, que en aquel momento representaban el 18% del total. Diez años después ese porcentaje no sólo no ha crecido, sino que ha disminuido seis puntos, hasta el 12%.

Para García Ballestero éste es un asunto muy importante, "ya que el alquiler, además de una opción para aquellas familias que no pueden o no quieren comprar una vivienda, es una medida favorecedora del empleo que fomenta la movilidad laboral".

El miércoles se votará su toma en consideración en el Senado y, de ser aprobada, empezará a debatirse en la Cámara Alta. De contar con suficientes apoyos (le basta el voto de otro grupo), pasaría al Congreso, donde los populares no gozan de tanta representación como en el Senado.