En la defensa de la proposición, el senador del PP Vicente Tirado señaló que su grupo abogaba por la modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social con el objeto de incluir a los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y a los funcionarios de Vigilancia Aduanera “dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su trabajo”.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “prestan un servicio indispensable para preservar nuestros valores democráticos y constitucionales, su sacrificio permanente, su vocación de servicio, su gran profesionalidad, su ejemplaridad son y constituyen un escudo en defensa de nuestra libertad, del Estado de derecho y la democracia”, subrayó.

Tirado advirtió que la Policía Nacional y la Guardia Civil “son los dos únicos cuerpos de seguridad de toda España que no están considerados profesión de riesgo”, a diferencia de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y policías locales.

A diferencia de los miembros de los citados organismos, los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional se pueden prejubilar, pero con una pérdida importante de su pensión.

“A igual profesionalidad, mismo reconocimiento, a igual trabajo, mismos derechos, a igual trayectoria laboral, misma pensión”, recalcó el senador del PP.

APOYO DE VOX

En el turno de portavoces, por parte de Vox la senadora Paloma Gómez Enríquez mostró el apoyo de su grupo a la iniciativa del PP, ya que consideró que se trata de “una reivindicación histórica” que no se ha visto satisfecha por “una falta de voluntad política”.

“El ministro del Interior, el señor Marlaska, les está haciendo la vida imposible, ninguneando y humillando a los que solo luchan por sus derechos” dijo. Por reivindicar que “puedan jubilarse antes sin sufrir recortes y penalizaciones en sus pensiones”, que cifró en un 30%.

“En el mejor de los casos percibirían una pensión de unos 1.625 euros, frente a unos 2.800 que percibe un Mosso. Cobrarían hasta 12.625 euros menos al añoq ue un policía autonómico”, denunció.

Nerea Ahedo, del PNV, consideró “una evidencia” que los cuerpos de seguridad pertenecen a un colectivo de riesgo, pero señaló que dicho riesgo ya “está considerado desde el momento en el que se les aplican factores de peligrosidad y penosidad en los complementos específicos”.

También, dijo, por el hecho de que “cuentan con la opción, como situación previa a la jubilación, de la reserva activa en el caso de la Guardia Civil, o de la segunda actividad en el caso de la Policía Nacional”.

Otra cosa diferente, admitió, “es que no tengan reconocido por la Seguridad Social un coeficiente reductor de la edad de jubilación debido, tal y como plantea la Ley de Seguridad Social, a la naturaleza especialmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre de su ocupación”, como sí tiene la Ertzaintza, desde el 2009, la Policía local desde 2018, la Policía Foral desde 2022 o los Mossos desde 2023.

“El mismo trabajo y el mismo riesgo, pues no parece justo contar con diferentes condiciones”, admitió, pero objetó que la mayor parte de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están integrados en las clases pasivas, y eso supone un sistema de cotización diferentes y un sistema de pensiones diferentes. “Es decir, que la mayoría no están integrados en el régimen de Seguridad Social, así que, a lo mejor, la solución no es tan sencilla” como la que plantea el PP.

Por parte de Junts, el senador Josep Lluís Cleries se mostró favorable a la iniciativa, aunque la consideró “parcial”, ya que “hay otras profesiones de riesgo y sería bueno que, cuando se hace una proposición de ley, se abordarán todos los casos”.

A este respecto, consideró lógico que se considere una profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, “sin lugar a dudas” pero esgrimió que, por, ejemplo, en Cataluña está el cuerpo de agentes rurales “que también tiene su riesgo”.

CRÍTICA SOCIALISTA

Por el grupo socialista, la senadora Rocío Briones se mostró muy crítica con la iniciativa del PP, ya que desde el Ministerio del Interior “están elaborando un paquete de medidas que va dirigido a estos colectivos, y que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se está revisando la regulación e la jubilación anticipada por razón de actividad profesional”.

Briones reclamó, asimismo, al PP, que cuando presente una iniciativa como la sometida a debate, lo haga “con un estudio de viabilidad para que sea creíble, con un cálculo riguroso sobre la medida”. “Eso ya supone esfuerzo, seriedad y trabajo, que es el que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez” para solucionar esta cuestión, dijo.

La senadora socialista señaló a la bancada del PP que “durante más de siete años, ustedes en el Gobierno no concedieron la jubilación anticipada a ningún colectivo profesional”, a pesar de que “les parecía tan justa esta reivindicación, que lo es”.

Por ello, avanzó, “no vamos a aceptar lecciones de quien, entre 2011 y 2018, realizó inversión nula en seguridad, recortó más de 13.000 agentes con comisarías y cuarteles deteriorados, falta de medios, el atraso de la Oficina de asilo, sin haber desarrollado el sistema de protección civil, ni la ley de víctimas, ni avanzado en seguridad vial”.