La moción, que se debatirá y votará en el Pleno de la Cámara Alta, será defendida por la senadora popular Belén Fernández-Delgado, quien aboga por la creación de un órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas que tenga entre sus funciones el establecimiento de criterios básicos y uniformes en todo el territorio nacional sobre la adopción internacional.

Según Fernández-Delgado, que fue presidenta de la comisión que se creó en el Senado la pasada legislatura para estudiar el fenómeno de la adopción, el sistema descentralizado que existe en España hace que los procesos de algo tan importante en la adopción como es la declaración de idoneidad sean sensiblemente diferentes de unas regiones a otras.

"Estas diferencias, por razón del territorio, en la tramitación y obtención de estos certificados se acentúan con relación a sus efectos, plazos y costes", señaló.

Otro problema que ha detectado el PP es la necesidad de que exista un órgano que vele por una mayor uniformidad en las labores y criterios de supervisión y control de la actuación de las llamadas entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI), que realizan las comunidades autónomas.

En la moción, el PP recuerda que la regulación de la adopción internacional en España se encuentra principalmente recogida en el artículo 25 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que indica que las autoridades competentes son las entidades públicas de protección de los menores de las comunidades autónomas, con la intervención de la autoridad pública.

Esta normativa también recoge la exigencia del certificado de idoneidad, que busca garantizar la mayor adecuación posible de la familia o persona que va a adoptar.

El tercer elemento contenido en ese precepto es la posibilidad de que participen en el proceso las entidades de colaboración, de carácter privado pero sin ánimo de lucro.