El portavoz de justicia del PP en el Congreso, Andrés Ollero, dijo a Servimedia que su partido considera que eso sería lo ideal, pero que teme que no contará con suficiente apoyo parlamentario para llevar tan lejos la reforma de l institución.

Según Ollero, un jurado mixto tiene la ventaja de que los juristas profesionales son menos presionables que los ciudadanos particulares, que además así no se ven obligados "a realizar ellos en exclusiva la tarea de calificación jurídica, lo cual es bastante complicado".

"Desde mi punto de vista", indicó, "la reforma que el jurado exigiría sería muy en profundidad, en el sentido de pasar a un sistema de jurado mixto o escabinado, pero mucho me temo que no se vaya a contar en las circnstancias actuales con la mayoría suficiente para hacer una reforma de tal alcance, con lo que inevitablemente tendrá que ser más modesta".

A su juicio, el sistema mixto "contribuiría a prestigiar una figura que entre nosotros tiene poca tradición y que es muy positiva". Los defensores del jurado puro consideran, por el contrario, que el sistema del "escabinado" desnaturaliza la institución.

Ollero explicó que la reforma que plantea el Gobierno facilitará los recursos para rectificar las decisions, plantear la posibilidad de que los jurados entiendan de la prueba de los hechos, pero no de los aspectos jurídicos, y una delimitación clara de los delitos en los que será competente, especialmente necesario, a su juicio, tras la promulgación del nuevo Código Penal.

Según explicó, en el "caso Otegi" resultó que el atentado contra agente de autoridad con resultado de muerte, que figuraba en el anterior Código Penal, no está en el actual, "lo que explica que haya entrado en el ámbito del jurado".

Agregó que el jurado no debe entender de cuestiones "en las que es previsible que su tarea se puede ver especialmente presionada", razón por la que la actual ley ya excluye los delitos de terrorismo y narcotráfico.

Con la ley actual, las figuras delictivas en las que es competente el jurado son el homicidio e infanticio, la infidelidad en la custodia de presos y de documentos, el cohecho y la malversación de caudales públicos, el fraude y las exacciones ilegales, el tráfico de influencias, la omisiónde deber de socorro, el allanamiento de morada, las amenazas y delitos medioambientales.