En la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta,Beteta preguntó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, si el Gobierno comparte el criterio del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que "las actitudes vociferantes" en la manifestación del pasado 22 de enero contra el ministro de Defensa, José Bono, constituyen indicio de delito.

López Aguilar aclaró que el Gobierno lo que "no comparte" es que el fiscal haya manifestado que, por sí solas, "actitudes vociferantes en una manifestación" constituyen indicio de delito. "Lo que está claro", dijo, "es que existen investigaciones judiciales que investigan hechos que aparentemente revisten caracteres de delito".

El titular de Justicia explicó que "no solamente se insultó, se increpó, se zarandeó y se amenazó, sino que también se intentó agredir al ministro de Defensa y, por tanto, procede una investigación para establecer si en esas actuaciones existe delito y cabe depurar responsabilidades penales por ello".

Beteta calificó las explicaciones del ministro de "cortina de humo" para distraer a la opinión pública de unas resoluciones judiciales que han puesto de manifiesto la "actitud persecutoria del Gobierno hacia la oposición" y "la responsabilidad política que ha tenido en esta actitud tanto el ministro de Interior como el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid".

CESE DEL FISCAL GENERAL

A juicio del senador del PP, la actitud del fiscal general ante lo ocurrido puede calificarse como "grotesca", porque vulnera el artículo 154 de la Constitución, que establece que el fiscal debe promover la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos.

Y añadió, en referencia a Conde-Pumpido, que "su misión no es defender al Gobierno, ni a su socios parlamentarios. Si el señor Carod dice que actúen, se actúa inmediatamente, pero si se manda una carta amenazadora al señor Piqué, que se aguante; si se grita y se zarandea a un consejero del PP, que se aguante, pero si el que resulta afectado con actitudes vociferantes es un ministro del Gobierno de España, entonces hay indicio de delito", resaltó el senador del PP.

Beteta pidió a López Aguilar el cese del fiscal general, y solicitó al ministro que el Gobierno asuma que "estamos en un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley".

Por último, el senador del PP exhortó al Gobierno a que "deje de usar ya los poderes del Estado para perseguir a quienes no piensan con ustedes con detenciones ilegales, me refiero a mis vecinos de Las Rozas, a los vecinos de mi comunidad y a dos militantes de mi partido".

López Aguilar contestó al representante del PP en la Cámara Alta que "las libertades en nuestro país están garantizadas y, coincido con la mayoría de la sociedad española, en que respiran mucho mejor desde que ustedes fueron desalojados democráticamente del Gobierno".

Concluyó que las actuaciones que se desarrollan en el Juzgado número 42 de Madrid sobre lo ocurrido en la manifestación del día 22 de enero, ponen de manifiesto en todo momento que hay indicios de delito que deben ser esclarecidos, y esa es la función que ejerce el ministerio fiscal en ese y en cualquier caso y para todos los ciudadanos.

A juicio del titular de Justicia, los militantes del PP no fueron detenidos ilegalmente, no se les esposó, no se les tomaron fotografías ni huellas y ellos comparecieron voluntariamente, firmaron el acta voluntariamente y abandonaron por su propio pie la dependencia policial.