El principal partido de la oposición contraataco así al Ejecutivo después de que los partidos que forman la coalición gubernamental aplazaran sin nueva fecha el debate de la ley sobre gases de efecto invernadero, en la cual PP y Junts introdujeron esta anulación del impuesto del 7% a la producción eléctrica.

El PP considera que esta decisión es “arbitraria” y no respeta “las reglas del juego democrático”, al tiempo que avisó de que “no tiene cabida de ninguna manera” este intento de “obstaculizar un procedimiento legislativo porque al Gobierno no le gusta lo que la mayoría parlamentaria ha decidido y necesita tiempo para negociar con sus socios habituales para hacerles cambiar de opinión”.

También censuró la actitud de la presidenta de la comisión –que es también la presidenta del PSOE–, Cristina Narbona, a quien recriminó que, como “veterana política” que es, “se preste a llevar a cabo una función tan absolutamente rechazable por arbitraria y anti democrática”.

Ante estos “subterfugios” y “maniobras dilatorias”, que el PP cree que hacen “más palpable la debilidad de este Gobierno de mayorías coyunturales que debe ir construyendo casi a diario”, el principal partido de la oposición ha invocado los artículos 42.1 y 68.2 del Reglamento del Congreso para que la comisión se convoque este jueves con el orden del día previsto inicialmente y, por ende, que se desbloquee esta suspensión fiscal.

400 MILLONES PARA LAS FAMILIAS

PP y Junts introdujeron en la noche del lunes una enmienda transaccional para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa con el respaldo de Vox, ERC y PNV. Según fuentes del PP, ambos grupos la incorporaron al informe de la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que el Ministerio de Hacienda no tiene la posibilidad de presentar un veto.

Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con la enmienda aprobada a instancias del PP pasará a tipo 0. En concreto, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas, según sus estimaciones. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias. El PSOE habla de un coste total de 1.500 millones de euros.