"Nosotros estamos presentando una alternativa con verdadera voluntad de negociación y no quiero pensar que el Gobierno sea tan insensible a lo que es un esfuerzo por encontrar un punto de encuentro", dijo Trillo, quien aseguró que "quiero confiar todavía en la palabra del ministro Belloch de que quiere negociar para llegar a un acuerdo con elgrupo Popular".

Según señaló Acebes, "el sistema de penas propuesto por el Gobierno es poco claro y provoca falta de efectividad, ya que establece once tipos de penas distintas, las mezcla y las clasifica de manera confusa".

Acebes aseguró que "existe una falta de proporcionalidad entre las penas, no se garantiza su cumplimiento efectivo y además se rebajan alarmantemente las penas privativas de libertad incluso en delitos como el asesinato y la violación".

"Nosotros distinguimos esencialmene dos tipos de penas, graves y leves, las graves a su vez sólo con dos tipos: prisión y multa por cuotas; establecemos el límite máximo de prisión en 30 años y pedimos el cumplimiento efectivo de las penas para los delitos más graves como son los de narcotráfico y terrorismo", afirmó el portavoz popular.

13.000 RECLUSOS

Por su parte, Trillo advirtió que si el Código Penal llegase a entrar en vigor con su actual redacción, supondría "la puesta en libertad de alrededor de 13.000 reclusos".

Para Rsa Vindel "el sistema de penas propuesto por el ministro Belloch sólo es explicable desde el fracaso de la política penitenciaria del Gobierno Socialista. El hacinamiento de las cárceles, la escuela de delincuencia en la que se han convertido y, por tanto, la nula rehabilitación de los presos han inclinado a Belloch a proponer que estos pasen menos tiempo en prisión".También consideró que "no es de recibo la generosidad de Belloch con los autores de tráfico de influencias cuya pena ha sido establecida ntre seis meses y un año".

Vindel anunció que en las enmiendas presentadas por el PP destacan la creación de nuevas figuras delictivas como el funcionario que facilite o consienta el uso de edificios públicos para fines distintos de los permitidos por la ley; la participación de las sectas en la inducción de menores al abandono del domicilio familiar, y el robo con toma de rehenes.

El PP entiende también que es necesaria una mayor protección de los bienes declarados de interés artístico, culturalo monumental, y propone doblar la sanción económica para quienes provoquen incendios, así como los arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los populares proponen la eliminación de la 'responsabilidad en cascada' de los delitos de opinión.