Destacó que esas criticas de Fernández se contemplaban en las enmiendas del PP y del Consejo Económico y Social (CES) y fue el PSOE el que las rechazó.

Explicó que la Comunidad de Madrid cuenta con una amplia red de recursos asistenciales de atención a la Dependencia a los que destinará sólo en 2009 un total 830 millones de euros, un 5,5% más que en 2007.

Aseguró que este presupuesto permite mantener las más de 44.000 plazas de residencias y centros de día para personas mayores y con algún tipo de discapacidad, además de los ya citados servicios de teleasistencia (115.000) y ayuda a domicilio (78.000).

Por el contrario, Fermosel destacó que la financiación destinada por el Gobierno de la Nación para el desarrollo de la Ley de Dependencia es "totalmente inadecuada e insuficiente".

A modo de ejemplo, dijo, la Administración General del Estado aportó en el último año menos de cinco euros diarios por persona en situación de dependencia.

Informó que en 2003 la Comunidad de Madrid hizo la Ley de Servicios Sociales, que reconoce derechos progresivamente a los madrileños en servicios sociales, y destacó que un título entero de la citada norma se dedica a la atención a la dependencia,tres años antes de que lo hiciera el Gobierno socialista.

Resaltó que la Comunidad de Madrid ha incrementado el presupuesto destinado al Plan Concertado, que permite a los ayuntamientos atender los servicios sociales de atención primaria, como teleasistencia o ayuda a domicilio, un 125 por ciento desde 2003, lo que ha permitido que el número de personas atendidas por el servicio de teleasistencia haya aumentado el 187 por ciento y las que reciben ayuda a domicilio un 90 por ciento.

Explicó que este año el Gobierno autonómico financiará con 96 millones el Plan Concertado, de los que 50 millones serán distribuidos en los ayuntamientos.

Dijo que con este Plan de la Comunidad de Madrid, más de 115.000 madrileños son beneficiarios del servicio de teleasistencia y 78.000 lo son del servicio de ayuda a domicilio, al tiempo que manifestó que "esta política de primar el gasto social contrasta con la actitud del Gobierno central, que mantiene congeladas las ayudas a los Ayuntamientos en materia de servicios sociales desde el 2004, con apenas 10,2 millones de euros".