En su petición de devolución del texto del Gobierno, el PP admite que comparte la necesidad de reformar el sistema de competencia y en los objetivos de la ley: "modernización y simplificación del modelo"; "mejora en la independencia de las autoridades de la competencia", y "homogeneización" del modelo respecto a los países del entorno.

Sin embargo, según el PP, el proyecto de ley del Gobierno "no aborda de un modo integral ni adecuado estos aspectos", con disposiciones que "en modo alguno" suponen "mayor garantía de seguridad jurídica de los operadores, de independencia en la toma de decisiones, de transparencia, de eficacia o de búsqueda de coherencia".

"El Gobierno camufla bajo principios aceptados por todos, o definidos de forma vaga e imprecisa, disposiciones que atentan a la legislación comunitaria y que sólo pretenden amparar y blindar la discrecionalidad de sus decisiones", afirma el PP.

En su opinión, este proyecto de ley "respalda la senda emprendida por el Gobierno de politizar el control de las concentraciones empresariales", y pretende "intervenir y controlar todas las instancias de la toma de decisión".

A juicio del PP este proyecto "debía haber sido sometido al consenso", pero "la nula voluntad" mostrada por el Ejecutivo, "junto con la trascendencia de las decisiones que deberá tomar la futura Comisión Nacional de Competencia hacen obligado dudar de la buena fe" de la norma.

COMPETENCIAS

Por su parte, CiU cree que el proyecto de ley es una reforma "parcial, incompleta y que no respeta" las nuevas competencias de la Generalitat de Cataluña otorgadas por el Estatuto.

El portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, señala que este proyecto no contempla que una modificación profunda de la Ley de Defensa de la Competencia, de carácter estatal, obliga a considerar equilibradamente el peso que debe de tener cada una de las administraciones competentes en la materia.

Sánchez Llibre remarca que el artículo 154 del nuevo Estatuto catalán establece que la región "ostenta competencias no sólo en la ejecución del procedimiento sancionador en materia de competencia, sino también en materia de promoción de la competencia, informes sobre apertura de grandes establecimientos comerciales y, sobre todo, en medidas relativas a los procesos económicos que afecten la competencia y que incluyen las concentraciones y las ayudas públicas".

Por ello, Sánchez Llibre afirma que "el proyecto de ley presentado por el Gobierno congela las competencias autonómicas en aquello que establecían los estatutos de autonomía con anterioridad a las recientes reformas", razones que llevan a su formación a presentar una enmienda de totalidad.