Ambas proposiciones responden a la inicitiva de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), para que las fuerzas políticas defiendan en el Parlamento los intereses generales de un colectivo empresarial del que depende el 90 por cien de la industria química nacional.

La iniciativa parlamentaria se produce sólo unas semanas después de que las industrias químicas de Tarragona achacaran a las elevadas tarifas del puerto de Tarragona, dependiente del Estad, parte de la falta de competitividad que sufre el sector, e incluso llegaran a denunciar que multinacionales como Basf han desviado inversiones previstas en la zona por importe de 30.000 millones por el mismo motivo.

Las industrias químicas de Tarragona facturan al año cerca de un billón de pesetas, aspecto que ha sido tenido en cuenta por el PP para advertir al resto de las fuerzas políticas de la necesidad de adoptar medidas que puedan mermar su potencial.

Por su parte, los portavoces de CiU jstifican la rebaja de las tarifas en el puerto de Tarragona, en que los precios de otras instalaciones con las que ha de competir las empresas españolas que operan a través de él son un 25 por cien más caras que las de los puertos de Amberes, Marsella y El Havre.

Tanto el PP como CiU coinciden en sus exposiciones de motivos al señalar que el Estado dispone de un margen legal del 20 por cien para reducir las tasas portuarias, al tiempo que recuerdan el compromiso del Ejecutivo en adoptar medidas que meoren la competitividad de la industria nacional.

Por su parte, las industrias químicas advierten que la Administración no debe tener ánimo de lucro y, sin embargo, el Ente Público de Puertos del Estado facturó en 1992 unos 79.800 millones de pesetas, frente a unos costes de explotación de sólo 35.800 millones.

Estas cifras, añade la AEQT, arrojan un margen de explotación del 55 por cien sobre los ingresos totales, nivel que llega al 59 por cien en el caso del puerto de Tarragona.