En unescrito conjunto presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso, PP y CiU solicitan también que el Ejecutivo les remita urgentemente un informe completo sobre la dotación existente de centros especiales para el internamiento de enajenados y jóvenes.

Ambos grupos parlamentarios consideran imprescindible disponer de estos datos para desarrollar idóneamente los trabajos de la ponencia que tramita en el Congreso el nuevo código.

Federico Trillo, de PP, y Josep María Traias de Bes, de CiU, aseguaron en rueda de prensa que tras esta solicitud no se esconde un intento de entorpecer los trabajos de la ponencia y, de este modo, impedir que el Código Penal esté aprobado antes de que concluya la actual legislatura.

En concreto, el escrito demanda al Gobierno información sobre la dotación de infraestructuras disponibles para la aplicación de la pena de arresto de fin de semana proyectada para el nuevo código, tanto como pena principal cuanto como pena sustitutiva de la prisión de hasta dos años.

PP y CiU piden que esta información se ponga en relación numérica con la actual población reclusa y las previsiones que sobre la misma se hayan hecho para la aplicación de la pena.

Asimismo, el texto demanda la remisión a la Cámara de las previsiones de dotación económica que ha de acompañar a la puesta en práctica del Código Penal, tanto en lo relativo a los juzgados y tribunales y servicios de ellos dependientes, como en lo que se refiere a la Administración penitenciaria.

Por último, PP y Ci se interesan por un cuadro comparativo de las penas impuestas en el proyecto de código en relación con las que se imponen en el código vigente.

Trias de Bes dijo que es necesario "tener garantías de que se contarán con centros adecuados para que se puedan cumplir esas penas de arresto de fin de semana. De lo contrario, aprobaremos un código que será imposible de cumplir. Eso no sería serio ni leal para con los ciudadanos".

Tanto Trias como Federico Trillo aseguraron que esta información ya la ha demandado sin éxito en las reuniones de la ponencia, y por eso han decidido recurrir a la vía formal de un escrito ante la Comisión de Justicia.