El portavoz de Fomento y Vivienda del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Matos, denunció, en primer lugar, que el proyecto de ley no contempla "ninguna medida que incorpore nuevos instrumentos para evitar la retención especulativa del suelo".

Matos advirtió que, a juicio del PP, la normativa tampoco establece "ni una sola medida que facilite la constitución y el desarrollo de los patrimonios públicos del suelo necesarios para ejecutar los planes de vivienda y de viviendas protegidas".

Para el diputado popular, "lo único que persigue esta ley, detrás de toda su literatura y demagogia, es abaratar las expropiaciones por parte de las Administraciones Públicas", lo que, en su opinión, afectará a los pequeños propietarios en beneficio del Estado y de las grandes empresas privadas

Así, el PP cree que "el único instrumento posible para solucionar este problema es el Pacto sobre el Suelo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, le ofreció al Gobierno en octubre de 2004, y de cuya peteción sólo obtuvo silencio".

Según Matos, el "Pacto sobre el Suelo" propuesto del PP tiene como objetivo "modificar las legislaciones autonómicas, que son las que tienen las competencias, y también modificar la financiación de las corporaciones locales y la Ley de Hacienda Local".

Por último, Matos criticó la reserva del 25% del suelo de uso resindecial para vivienda protegida, al considerar que "no se trata de una medida nueva, puesto que casi todas las comunidades autónomas la tienen". Como ejemplo, el diputado puso el de la Comunidad de Madrid, que destina un 50% del suelo a estos efectos.

LOS NACIONALISTAS DE CIU Y BNG CLAMAN CONTRA LA LEY

Por su parte, el portavoz de Fomento y Vivienda de CiU, Jordi Jané, reiteró que este proyecto de ley "no respeta las competencias de las CCAA sobre urbanismo, ordenación del territorio y vivienda" y, en el caso de Cataluña, señaló que vulnera "el artículo 149.5 del nuevo Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre urbanismo".

"Las competencias del Estado en Cataluña en materia de suelo son limitadas", recordó el diputado de CiU.

En la misma línea se posicionó el BNG, al denunciar que el proyecto "olvida las peculiaridades que la ordenación territorial y el régimen de propiedad del suelo poseen en Galicia".

El partido nacionalista gallego también critica que el proyecto de ley "no contribuye a frenar la especulación del suelo, con los indeseables efectos inflacionistas que produce ésta en el precio de la vivienda".