En declaraciones a Servimedia, el portavoz popular explicó que el trámite en el Senado del texto de reforma del Estatuto catalán no será corto y su partido aprovechará para abrir el debate al resto de las comunidades autónomas y para presentar, al menos, tantas enmiendas como en el Congreso para modificar el texto.

Hoy concluye la primera parte del trámite del Estatuto en el Congreso de los Diputados, por lo que el texto llegará al Senado la próxima semana e iniciará su andadura en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuyo paso por este órgano supone un debate similar al del Debate del Estado de las Autonomías, con intervenciones de los presidentes de CCAA y de los portavoces autonómicos.

Para éste trámite, al que se une la presentación y debate de enmiendas, la Cámara Alta establece un tiempo máximo de dos meses. El PP no tiene intención de agotar este plazo pero tampoco tiene prisa por que el texto catalán salga del Senado, según explicó García-Escudero.

Por ello, el PP llamará a todos los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por populares para dar mayor relevancia a su postura contraria al Estatuto, que consideran inconstitucional, y "para que se oiga la voz del resto de las autonomías y se enriquezca el debate".

A juicio del portavoz del PP, las autonomías tienen mucho que decir porque el Estatuto, que hoy sale aprobado del Congreso, "cambia totalmente el Estado de las Autonomías, desvirtúa el artículo 2 de la Constitución, cuando reconoce que Cataluña es una nación, y cambia el modelo autonómico que ha sido estable durante mucho tiempo".

García-Escudero confirmó que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ya ha comunicado a la Cámara Alta que quiere asistir al debate, y advirtió que además de llamar a sus barones, el PP "no va a renunciar a que se cumplan todos los trámites en la Cámara Alta".

Por ello, insistió el portavoz popular, veo "casi imposible" que el referéndum en Cataluña para ratificar definitivamente el texto de reforma pueda celebrarse el 18 de junio, fecha a la que se ha referido el presidente Maragall en los últimos días para fijar la consulta.