Los senadores populares constatan en una de sus resoluciones que el "Estado de las Autonomías sirve como eficacia al reconocimiento y a la realización efectiva de la autonomía política de las diversas nacionalidades y regiones que integran la Nación española".

Además, en la misma moción estima que el nivel de consenso constitucional del 78 debe "seguir manteniéndose en cualesquiera iniciativas políticas o legislativas que afecten a la configuración o al funcionamiento del modelo autonómico", incluidas, la reforma del Senado, las reformas de los estatutos de autonomía y los acuerdos sobre el sistema de financiación.

En las diez mociones presentadas por el PP, el máximo acordado, por grupo, para su debate en el pleno del próximo martes, también se insta al Gobierno a suprimir la Sociedad Pública de Alquiler, plantear una "decidida defensa del sector agrario y pesquero español antes las instituciones europeas, o dar cumplimiento de las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007.

El Grupo del PP en el Senado aborda, dentro de sus propuestas de resolución, el tema de la inmigración y pide que se complete la red de Acuerdos de Control de Flujos Migratorios, Readmisión y Repatriación con los principales países emisores, con especial atención a Marruecos.

Promover una educación de calidad en un "sistema que garantice el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y centro" es otro de los objetivos de las mociones del PP, así como "extender progresivamente la gratuidad del coste de los libros de texto".

La atención sanitaria igualitaria de todos los españoles, con independencia del lugar de residencia, impulsar un Pacto de Estado para llevar a cabo una "verdadera política nacional de desarrollo rural en el que participen todos los sectores socioeconómicos afectados" y definir de manera "transparente, clara y objetiva" la aplicación de normas de estabilidad presupuestaria.

Por último, el PP pide al Gobierno central que continúe desarrollando las inversiones y obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional cuya "paralización y retraso injustificado", dice, "perjudica seriamente el desarrollo económico y social de las regiones españolas".