Según el presidente del PP en Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, que calificó la decisión de las Cortes de "atentado constitucional", el recurso se fundamenta en la violación del artículo 23, apartado 1, de la Constitución española, por el que "los representantes de los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos".

La Mesa de las Cortes regionales decidió el pasado día 28 de septiembre paralizar el pago de las suvenciones a los grupos parlamentarios, tras detectarse, en los informes de intervención, cantidades no justificadas entre los años 88 y 92, que en el caso del PP se acercaban a los 200 millones de pesetas.

Con este recurso, realizado con el asesoramiento del letrado Federico Carlos Sainz de Robles, ex presidente del Tribunal Supremo, el PP "pretende lograr la suspensión cautelar de este acuerdo hasta que el tribunal dicte una sentencia firme", según Molina.

El dirigente del PP, quien no descartó levar a cabo otras acciones judiciales "para restablecer la honorabilidad del partido", afirmó que la Mesa de las Cortes actuó de esta forma "porque Bono ya sabe que va a perder las próximas elecciones autonómicas".

Por su parte, el presidente de las Cortes, el socialista José María Barrera, remitió hoy al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, a requerimiento de éste, el informe del interventor sobre las cuentas del PP y no descartó enviarlo tanto a la Tesorería de la Seguridad Social comoa la Agencia Estatal Tributaria en Castilla-La Mancha.

El único diputado de IU en las Cortes autonómicas, José Molina, solicitó hoy por escrito al presidente de la Cámara el envío urgente del informe del PP al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para esclarecer "toda esta confusión, que está perjudicando gravemente a la institución que representa a los ciudadanos de Castilla-La Mancha".