Su portavoz en el Senado, Alberto Ruiz Gallardón, dij que González se ha portado irresponsablemente al guardar silencio en la polémica y Jordi Pujol (a quien aludió veladamente, sin nombrarlo), al poner en duda el Estado de las Autonomías.

A su vez, el vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, reiteró que su partido no apoyará esa medida de corresponsabilidad fiscal si no cuenta con el respaldo "unánime" de todas las comunidades autónomas y un apoyo ampliamente "mayoritario" en el Parlamento.

En caso contrario, advirtió, se rompería el consensoconstitucional para el desarrollo del Estado de las Autonomías, un asunto en el que, a su juicio, debe actuarse sin partidismos, al igual que ocurre con el terrorismo y la política exterior.

TENTACION PARTIDISTA

Rajoy se mostró convencido de que el Gobierno está cayendo en esa tentación partidista, con el único propósito de conseguir en el Parlamento los votos que le faltan para tener una mayoría suficiente.

Para lograr el consenso, el PP cree necesarias dos iniciativas parlamentarias en un plao breve, a ser posible de quince días: la comparecencia del Gobierno ante un pleno extraordinario del Senado y la de los diecisiete presidentes regionales ante la Comisión de Autonomías de la Cámara Alta.

La solicitud de pleno extraordinario fue presentada hoy por el PP ante el Senado. En dicho pleno, según Ruiz Gallardón, el Gobierno debería explicar qué pretende hacer exactamente, cuándo, qué efectos económicos tendrá en cada autonomía y de dónde saldrá el dinero de las compensaciones que se pagarána las comunidades que puedan salir perjudicadas con el nuevo sistema.

Según Ruiz Gallardón, el PP teme también que los planteamientos del Gobierno supongan reemplazar el principio de solidaridad interregional establecido en la Constitución por el de la subvención de unas comunidades por otras.

A su juicio, plantear la financiación autonómica como la subvención de comunidades ricas a las pobres, además de ser dudosamente constitucional, provocaría un "efecto perverso" de "crispación nacional" entr las distintas regiones.

Ruiz Gallardón hizo hincapié en que no tiene sentido que la Administración haya pospuesto esta cuestión durante meses y que ahora no pueda esperar unos días para intentar crear un consenso general sobre la cesión del IRPF mediante estas iniciativas parlamentarias.

Agregó que es igualmente "lamentable" que se cuestione la suficiencia del Estado de las Autonomías (por parte de Pujol) cada vez que hay un problema en su desarrollo, en lugar de intentar que las disparidades decriterio se traduzcan en una "tensión positiva".

Los dirigentes populares señalaron, finalmente, que si el Gobierno rompe el consenso constitucional sobre el desarrollo autonómico, su partido se considerará liberado de cooperar con él en los temas relacionados con la organización territorial del Estado.

Ruiz Gallardón concluyó que el PSOE está generando una peligrosa "inestabilidad institucional" en esta cuestión, debido a que sus planteamientos no son los de un partido que piensa en el bien comú, sino que actúa como un "sindicato de intereses" de "algunos ciudadanos" con el propósito fundamental de mantener en el poder a Felipe González.