Joan Huguet, presidente de la formación conservadora isleña, ha afirmado tras conocer la noticia que "no tenemos nada que esconder y todo es claro y transparente". Según Huguet "ya era hora porque antes del mes de septiembre se tendrá el resultado de la auditoría de estos años y con la auditoría en la mano se comprobará lo que acabo de decir".

La decisión del Tribunal de Cuentas de auditarlas finanzas del PP balear en la sede regional y nacional responde a la petición hecha por Izquierda Unida en la comisión mixta Congreso Senado. El inicio de la auditoría fue comunicado el pasado martes a la Cámara Baja por parte del tribunal.

La coalición pretendía complementar con estos datos las diligencias judiciales abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por el escándalo del Túnel de Sóller. El proyecto fue adjudicado por el Gobierno Balear presidido por Gabriel Cañellas en 1.98. El Tribunal fiscalizará las cuentas del PP de las islas en 1.988, 1.989, 1.991 y 1.992.

Cañellas dimitió como presidente del PP de Baleares y del ejecutivo autonómico en agosto de 1.995, obligado por su presidente nacional José María Aznar, a raíz de las informaciones aparecidas sobre el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación del proyecto.

Según los informes policiales que obran en poder del juez instructor del caso Sóller, Juan López Gayá, una talón de 50 millones de pesetas procedete de la compañía concesionaria fue a parar a cuentas del PP balear o de altos cargos de la formación conservadora.

El magistrado investiga un presunto delito de prevaricación continuada o presunto cobro de comisiones. Izquierda Unida, personada como acusación particular en la causa, sostiene que hubo un delito de cohecho.