El diputado popular, en declaraciones a Servimedia, valoró con satisfacción el trabajo legislativo que ha desarrollado en el primer año de Gobierno la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, pero responsabilizó al anterior ministro, Juan Alberto Belloch, de apresurarse en dos de las iniciatvas más importantes, la Ley del Jurado y el nuevo Código Penal.

Para Ollero, "el afán de que no acabara la legislatura sin terminar ambos proyectos es lo que llevó a un proceso falto de la exigible serenidad en ambos casos".

El portavoz popular de Justicia señaló al respecto que el propio Consejo General del Poder Judicial subraya "en qué medida la legislación un tanto apresurada de la última legislatura está repercutiendo gravemente sobre la situación actual de la justicia".

Ollero indicó qe respecto al Código Penal el CGPJ "ha dado la voz de alarma ante el hecho de que la disposición final del Código Penal, en la medida que afecta a las competencias de los juzgados de lo penal por una parte y de las audiencias provinciales por la otra, ha creado tal conmoción que prácticamente ha dejado a la planta judicial muy trastocada".

"El propio Consejo", agregó, "está pidiendo una reforma de esta disposición del Código Penal, porque de lo contrario nos encontramos con los juzgados de lo penal co muy poco trabajo y las audiencias absolutamente colapsadas. En algunas de ellas se han registrado incrementos de trabajo de hasta el 150 por ciento", aseguró.

Ollero admitió que existe una situación de acumulación de litigios y la necesidad de proceder a reformas de las leyes procesales para solventarlos. En ese terreno, explicó que que hay en este momento dos de las tres grandes leyes procesales con el proceso de elaboración en marcha.

En el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa, qe es la más afectada por esos retrasos, se está a la espera del informe del Consejo de Estado, que tiene en su poder el texto desde hace dos meses.

En cuanto a la ley de Enjuiciamiento Civil, ya se ha presentado un borrador que se quiere someter a un debate público antes de que comience el trámite formal que todo proyecto debe seguir a través de las informaciones del Consejo de Estado, CGPJ, etcétera, antes de llegar a la Cámara.

Por último, en cuanto a la dotación de plazas judiciales se está mateniendo "un ritmo intenso, teniendo en cuenta que hemos pasado un año en el que la oferta de empleo público ha sido restrictiva, a pesar de lo cual se han creado plazas".