Enrique Belda, portavoz del PP en la subcomisión sobre discapacidad que estudia esta materia en el Congreso, explicó a Servimedia, tras las declaraciones de otros grupos parlamentarios sobre el proyecto del Gobierno, que "comprende" las críticas, pues forman parte de la tarea de la oposición, pero le "preocupan" por ser precipitadas.

El dipuado popular lamentó que el PSOE intente hacer ver que hay "división en los fines que persigue la ley", cuando no existen estas discrepancias de objetivos, y que "antes de comenzar el procedimiento se califique el proyecto como un texto de mínimos", cuando "más de mínimos es que en años de gobierno no tomaran ninguna decisión al respecto".

En cuanto al contenido del texto del Gobierno, recalcó que se ha planteado como un proyecto con una "fuerte carga dogmática, de valores, más que como carrera de plazs o de garantías, que también las tiene", por lo que el deseo de "imprimir una filosofía a favor de la igualdad" impide en ocasiones ser "más concreto".

A pesar de todo, recalcó que el texto "no va a estar cerrado desde su inicio hasta que no acabe el último día de tramitación", tanto en el Congreso como en el Senado, donde se "seguirán estudiando", las propuestas que no tengan estricto carácter "político" para que sea aprobado antes de que acabe el periodo de sesiones, antes de las vacaciones navideñs.

LOS CAMBIOS, EN SEPTIEMBRE

Anunció que el próximo lunes se reunirá la ponencia encargada de elaborar el dictamen, que luego pasará a Comisión, pero avanzó que en este trámite, donde un grupo de diputados trabaja a puerta cerrada, no se incluirán muchos cambios, pues el PP pretende que el "grueso del debate" recaiga en la Comisión, en las primeras semanas de septiembre, con "luz y taquígrafos".

En cuanto a la postura del PP ante una de las principales reclamaciones del PSOE, incluir en la leyun sistema sancionador parta castigar a los discriminadores, subrayó que, aunque "no estamos cerrados a nada", esta posibilidad "excede la pretensión de leyes de este tipo", y tampoco cuenta con precedentes en derecho comparado.

Recalcó que el sistema sancionador "requeriría estudios jurídicos y dictámenes, porque se saldría del propósito inicial de la ley", que pretende establecer un marco "garantista, más que sancionador", o de lo contrario se correría el riesgo de "distorsionar las finalidades de l norma".