Merino realizó estas declaraciones durante la Comisión de Administraciones Públicas en el Congreso, donde compareció la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado para explicar las actuaciones del Ministerio que dirige y, en especial, lo relativo al Fondo Estatal de Inversión Local, a petición del PP.

Así, Merino achacó al Gobierno que "siga engañando a 46 millones de españoles porque esta broma nos cuesta a cada ciudadano 173,91 euros" y añadió que "este fondo lo están pagando todos los españoles cuando una cantidad de dos veces los ciudadanos de Valencia están en paro".

El portavoz señaló que del total de 8.000 millones con los que está dotado el fondo, 896 millones corresponden a gastos generales, 61 millones a los carteles que es imprescindible poner en las obras financiadas con cargo al fondo, 2.209 millones a materiales y para mano de obra, quedarían, según el PP, 2.210 millones.

En cuanto a la cuestión de los carteles, Merino aseguró que "es falso que vayan a pagarlos las empresas, sino que es un gasto más para los españoles". "Hay proyectos que valen más que el cartel, eso es derrochar", explicó, al tiempo que preguntó a la Ministra si "va a obligar a alcaldes y alcaldesas a que incumplan su ordenanza municipal ya que no se autorizan carteles ni en los enclaves ni en lugares donde se distorsione el paisaje".

Además, destacó que los ayuntamientos, según el decreto que desarrolla este fondo, "no va a servir para crear empleo, sino para que se mantengan puestos de trabajo". "El empleo que se cree, no va a ser para un año porque las obras pueden durar dos o tres meses y eso usted se lo calla", dijo.

En cuanto a los ayuntamientos gobernados por ANV que han recibido financiación con cargo a este fondo, el portavoz mostró su preocupación porque "un partido ilegalizado mueva 8,3 millones de euros" y pidió al Gobierno que explique "qué controles ha establecido para que el dinero vaya a empresas responsables".

Por su parte, la ministra Salgado se mostró sorprendida por los datos del PP y aseguró a Merino que "la cifra de empleos directos es una simple suma de los alcaldes realizada a la hora de definir cada propyecto". Además, señaló que la ley de Contratos establece que el fomento del empleo es contratación de nuevo personal y mantenimiento del ya contratado.

Salgado quiso dejar claro que no hay base legal para hacer una excepción con los ayuntamientos de ANV. "Según la última sentencia del Constitucional, que confirma la ilegalización de ANV, hubiera sido desproporcionado no dejar que se presentará a las últimas elecciones" pero, aseguró, "vamos a estar encima de ellos".

En cuanto a la cuestión de los carteles, la ministra aseguró que "el cartel tiene efectos informativos, sólo se colocará durante las obras y en aquellos municipios que reciben menos de 35.000 euros lo financiará el ministerio".

La diputada del PSOE, Meritxell Batet, que el supuesto de "detrás de cada obra hay un puesto de trabajo, es un resumen del objetivo de este fondo".

Sobre el asunto de los ayuntamientos gobernados por ANV, Batet explicó que "tanto los presupuestos generales como toda la financiación estatal y autonómica se distribuyen entre todos los ayuntamientos y nunca se ha cuestionado si esto sería ilegal".

Por su parte, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, aseguró que "si vamos a terminar el año que viene con cinco millones de desempleados, no se puede hablar de este plan como si fuera la gran solución, el desempleo se seguirá desplomando" y pidió a Salgado seguridad en el sentido de que los proyectos "sean susceptibles de crear empleo y no incurran en fraude por extravagantes".