Según Sainz, "el Gobierno, en una respuesta escrita remitida a esta senadora ha reconocido, de forma tácita, que fue una irresponsabilidad cambiar el proveedor de estos vehículos, como demuestra la existencia de fallos técnicos que no existían ni por asomo cuando los todoterrenos se fabricaban en Galicia".

Para el PP, la respuesta escrita de Defensa pone de manifestó que "la obligación del Gobierno es defender los intereses de nuestros soldados y concretamente su seguridad personal, y no defender o intentar favorecer a una empresa privada, sean cuáles sean los problemas de esta empresa".

La senadora popular considera que la existencia de fallos de todo tipo en los vehículos, tanto en la puesta en funcionamiento inicial, como después, con el rodaje hecho, revelan, como mínimo, "la irresponsabilidad del Ministerio de Defensa".

La senadora popular, que lamentó la tardanza en la respuesta del Gobierno (casi 200 días, cuando el reglamento del Senado establece un plazo de 20 jornadas hábiles), insistió en que la fiabilidad de los vehículos "Aníbal" no es un tema menor, "porque la seguridad de nuestros soldados es muy importante".